La Procuraduría General de la Nación confirmó en fallo de segunda instancia que destituyó e inhabilitó, para ejercer funciones públicas, por 11 años a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo, por irregularidades en el pago de varios contratos.
La medida también afecta al exdirector técnico legal del Instituto, Inocencio Meléndez Julio tiene que ver con contratos celebrados entre 2007 y 2008.
La decisión adoptada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señala que Meléndez, en virtud de las funciones que le delegó Pardo, suscribió 10 contratos de prestación de servicios sin el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
Esto por cuanto fueron suscritos con diferentes personas naturales por precios mayores a los que tenía establecidos el Instituto, para la época de los hechos.
“No hay duda que cada uno de los contratos que suscribió el señor Inocencio Meléndez superó el valor máximo estipulado en la tabla de tarifas reglamentarias del IDU, el cual no superaba los 10’450.000 de pesos”, dice el fallo.
La Procuraduría además cuestionó la cesión de uno de los contratos de prestación de servicios “sin citar y analizar los motivos y fundamentos que ameritaban la cesión”.
Pardo fue sancionada disciplinariamente porque durante el 16 de mayo de 2007 y el 29 de mayo de 2008 no ejerció, según la entidad, el control y la vigilancia necesarias sobre las funciones delegadas a Meléndez.
Esto por cuanto la Ley de Contratación señala que cuando se delegan la competencia para celebrar contratos, “en ningún caso quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.
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