"La Procuraduría es la promotora, la defensora del interés general del patrimonio público y de los derechos fundamentales", así inició la rendición de cuentas del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en su primer año al frente del Ministerio Público.
La procuradora delegada para la Adolescencia, la Familia y la Infancia, Ilba Miriam Hoyos Castañeda, destacó los avances en el tema de adolescencia y familia y frente al cumplimiento de las decisiones que ha emitido la Corte Constitucional y que cubre especialmente este sector de la población. En ese sentido, Hoyos hizo referencia explícita a la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó el aborto en tres casos especiales.
Por su parte, el delegado para la prevención de derechos humanos, Mario González Vargas, mostró los lunares que han afectado la atención humanitaria, e hizo referencia al seguimiento de estas políticas y consideró que no se han diferenciado la ayuda humanitaria y la prevención.
Con respecto al tema de la corrupción, la Procuraduría está desbordada con los casos, hay 25.000 procesos, todos relacionados con la corrupción de funcionarios.
De 888 sanciones impuestas, 287 han permitido la destitución del funcionario, explicó Carlos Augusto Mesa Díaz, encargado de atacar la corrupción desde el Ministerio Público.
Uno de los casos es precisamente la que se cumple en el caso de la tercera fase de TransMilenio. Por estos hechos se han vinculado 25 personas entre las que están varios funcionarios públicos.
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