La celebración del primero de mayo se da en medio de una inquietante situación del empleo en Colombia. El problema no es sólo la cifra de desocupados que alcanzó en las trece áreas metropolitanas el 13,5 por ciento, y en Medellín la muy delicada cifra del 18 por ciento. El asunto central es que el esquema laboral colombiano no favorece la creación de empleo de calidad y, por el contrario, está generando informalidad. La consecuencia es que caímos en una situación de inviabilidad del sistema de seguridad social del país.
Las cifras cuestionan los cimientos de la actual estructura laboral nacional. Mientras el porcentaje de desempleo en toda Colombia es del 12, la informalidad supera el 56 por ciento. De la fuerza laboral, sólo el 44 por ciento está vinculado al sistema de salud y una cifra menor aporta al de pensiones.
De los 7,2 millones de colombianos que tienen empleo formal 1,1 millones son empleados del Estado. El país vive de la generación formal de bienes y servicios de uno de cada tres trabajadores. El salario mínimo sólo es recibido por 662.000 personas, mientras ocho millones reciben un ingreso menor y en condiciones de informalidad. Entonces, ¿cómo tener un sistema de seguridad social sostenible en estas condiciones?
El empleo formal es la base de toda política social en los países democráticos. Su desajuste rompe los esquemas de viabilidad y por eso en este momento, los sistemas de salud y pensiones están en situaciones muy difíciles. Actualmente sólo operan de manera real para una pequeña parte de los trabajadores. Los últimos gobiernos han buscado extender los beneficios a toda la población, pero cayeron en un esquema perverso basado en subsidios estatales, que en términos efectivos, promueven y facilitan la informalidad.
En las últimas semanas se han realizado foros para discutir los problemas del empleo y de los sistemas de salud y de pensiones. Coinciden estos encuentros en la necesidad de repensar la estructura laboral y de seguridad social, incluso desde los preceptos constitucionales. Ningún país del mundo tiene planes ilimitados de salud, como tampoco entregan pensiones más allá de las restricciones presupuestales pero, sobre todo, se esmeran en que el empleo y las empresas sean formales.
Colombia debe tomar en serio la construcción de un pacto social que corrija los desaciertos en los que se ha caído. Los elementos centrales, según lo propuesto en estos debates públicos, debe ser la construcción de un esquema que incentive el empleo formal y no la informalidad. El dinero que se destina a subsidios debería reorientarse a un esquema de incentivos a la formalización, logrando los mismos resultados en atención y cobertura, pero eliminando el efecto perverso de preferencia por la informalidad. La formalización crea un proceso virtuoso de integración social y superación de la pobreza. La informalidad nos ancla en la exclusión.
Vivimos en una situación de exclusión, inequidad e informalidad con un marco constitucional y legal que terminó generando un esquema perverso de desigualdad y abuso individual.
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