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Mejor atención a víctimas, el reto

18 de agosto de 2009
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Además de ser el país con más víctimas de minas antipersonal en el mundo, Colombia enfrenta el reto de la asistencia integral a unas 2.800 víctimas civiles que sobrevivieron a estos accidentes, quienes como discapacitados, reclaman mejores condiciones de vida y oportunidades.

A través de un enfoque de derechos, el Gobierno plantea mejorar la atención integral a estas víctimas de la violencia. Con ese fin se realiza desde ayer, y durante esta semana, en Medellín el primer seminario internacional de Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.

Según Andrés Dávila, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Colombia debe cambiar su modelo de atención a víctimas, basado en una oferta institucional de servicios, a políticas públicas que garanticen además el goce efectivo de derechos.

"Hasta ahora tenemos un plan de asistencia que permite salvar vidas, pero tenemos que trascender ese modelo y construir uno en la perspectiva del goce efectivos de derechos. La idea es que pasen de ser víctimas discapacitadas a ciudadanos con derechos (salud, educación, atención sicosocial, rehabilitación), hasta lograr su reintegración social y económica", indicó Dávila.

Ese enfoque de derechos se logra con una atención diferencial, que atienda las características específicas de cada víctima y el grupo social al que pertenece.

Así lo explicó Wanda Muñoz, asesora para la asistencia a víctimas de Handicap International y una de las expertas internacionales invitadas al seminario.

De acuerdo con la experta, "la asistencia integral a mujeres y niños debe ser diferencial, lo mismo que para las comunidades indígenas, pues en estos casos hay que considerar factores como el territorio y la cultura".

El seminario internacional de Asistencia a Víctimas hace parte de las actividades previas de la segunda conferencia de revisión del Tratado de Ottawa, de prohibición de minas antipersonal, que se celebrará en el mes de noviembre en la ciudad de Cartagena. Allí se espera la asistencia de delegaciones de 156 países para discutir las estrategias contra estos elementos de guerra.

De las 7.945 víctimas que dejaron las minas antipersonal entre 1990 y 2009, 1.736 corresponden a Antioquia. El 65 por ciento de los afectados son militares y el resto civiles.

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