La denuncia sobre la matanza de unos 2.000 tiburones alrededor de la isla Malpelo, en el océano Pacífico, al parecer por parte de pescadores de origen costarricense, es, además de un crimen ecológico gravísimo, un atentado a la soberanía nacional.
Según informaciones iniciales, las naves centroamericanas merodean en aguas colombianas desde septiembre pasado. Se calcula que la flotilla está integrada por diez embarcaciones, cada una de las cuales pudo haber cazado y retirado las aletas a unos 200 tiburones. Los barcos de la Armada colombiana en la zona estaban en reparación. Solo con base en la reciente denuncia, el Ministerio de Defensa envió el ARC Calima para verificar la que fue llamada por ambientalistas "una carnicería despiadada". ¿Y qué responde Costa Rica?
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