En casi la mitad de municipios colombianos operan minas ilegales, la cuales, según un informe de la Defensoría del Pueblo, son una de las fuentes de financiamiento de grupos armados.
El informe de la Defensoría recoge datos de 1.010 municipios, el 90 por ciento de los que existen en el país. Sin embargo, advierte que debido a que es una actividad ilegal, los datos pueden variar pero calcula que en el país funcionan al menos 3.600 minas ilegales de las cuales dependen los ingresos de unas 15.000 familias.
Esas minas pueden ser de carbón, oro y materiales destinados a la construcción, como arcilla, entre otros, y están ubicadas en su mayoría en los departamentos Córdoba, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle.
Según la investigación, a través de la compra de equipos se podría estar lavando recursos provenientes del narcotráfico. También se estaría comprando el oro a precios superiores a los fijados por el Banco de la República. A esto se suman las extorsiones de las que serían víctimas los mineros a quienes se les pide una cuota por cada máquina que se tenga o parte de la producción bruta de la mina.
De acuerdo con los datos suministrados por el Ejército Nacional a la Defensoría, la magnitud de la extorsión de los guerrilleros a los dueños de minas es tan grande que, de una sola mina, en el Tolima reciben 120 millones de pesos diarios.
La explotación ilegal, en especial la de oro, "se ha convertido en una de las fuentes de financiación, no la única, pero si una de ellas" para los ilegales, declaró el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, al destacar que tal actividad es a su vez una de las causas de violencia y homicidios en distintas regiones.
El informe, además, considera que es necesario implementar prácticas de desarrollo sostenible que mitiguen el impacto ambiental, entre ellos, la contaminación de las fuentes de agua.
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