La entrada en vigencia de la Ley de Víctimas (Ley 1448) trae consigo renovada esperanza en relación con la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. De manera acertada, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) resaltó que no era suficiente tener una buena Ley sino que esta tenía que tener un efecto de transformación en las vidas de las víctimas. Destacó, por tanto, que la implementación de la Ley es la fase fundamental para cumplir con las expectativas sociales. Junto con el presidente Santos, Ban Ki-Moon anotó que "el trabajo tan sólo inicia".
De manera inadvertida, al menos en el registro de prensa, el Secretario General de la ONU enfatizó, durante su discurso en la ceremonia de sanción de la nueva Ley, que la protección y la participación de las víctimas son factores primordiales para su puesta en marcha. "Es deber del Estado garantizar la participación significativa de las víctimas y de sus representantes en la aplicación de la ley". Agregó que, sin garantías básicas de protección, el cumplimiento del deber es imposible. Antes de concluir, el jerarca emitió una dura sentencia: "las personas no pueden morir por pedir el respeto de sus derechos. Esto, sencillamente, no es aceptable."
Efectivamente, no es aceptable que mueran personas que abiertamente reivindican sus derechos, como Ana Fabricia Córdoba, Óscar Mausa, Rogelio Martínez, David Góez Rodríguez, Ever Verbel Rocha, Bernardo Ríos Londoño y muchos más líderes que han sido silenciados. No es comprensible que, en medio de discursos oficiales que prometen paz y llaman a la participación de las víctimas, mueran las personas que apuestan a que esos discursos oficiales se vuelvan realidad.
La invitación oficial a que las personas reclamen sus derechos debería estar antecedida por condiciones de respeto y garantías básicas de seguridad y libertad de expresión para aquellos que reclaman verdad, justicia y reparación. Quienes se enorgullecen por poner en marcha un esquema de verdad, justicia y reparación en medio del conflicto tienen la suprema responsabilidad de garantizar que la promoción y exaltación del esquema no se conviertan en acciones que generan más sufrimiento y pérdida.
El Presidente, el vicepresidente y varios ministros se han unido al clamor de la lucha contra la impunidad y la necesidad de proteger a los líderes, pero las promesas y proclamas no modifican el sufrimiento de las víctimas ni aumentan las garantías. Estas manifestaciones demuestran la desesperanza y los complejos dilemas involucrados en la invitación a hacer verdad, justicia y reparación en medio de la guerra. El sentido común orientaría a extinguir la fuente del riesgo antes que torearla. Una de las premisas más básicas, pero cara, de la acción estatal en relación con las personas que han sido objeto de victimización es "no hacer daño".
La aplicación a destiempo de medidas de justicia transicional en Colombia puede llevar a resultados no deseados. La justicia transicional no es un escudo contra la violencia ni puede acabar con el conflicto. Lo que busca es encarar la atrocidad y la negación, a través de una serie de herramientas que dan voz a las víctimas, facilitan procesos de establecimiento de responsabilidades, involucran a la sociedad en el proceso de reconocimiento y procuran cambios institucionales como garantía de no-repetición. Es un campo que ayuda a examinar el pasado para que la historia no se vuelva a repetir. Pero se debería poner en marcha después de logradas condiciones básicas de seguridad y libertad, con el fin de evitar que el camino al que se convoca esté lleno de mártires y más muertos sin sentido.
Yo, como la mayoría de ustedes, quiero creer en la promesa de la paz y en que es posible una Colombia con menos violencia. Pero no quiero que el costo del proceso sea la generación de más expectativas y su extinción como resultado de más sangre.
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