Chile, la larguísima república del sur que hoy supera en indicadores económicos a casi todos los Estados de Latinoamérica, sigue luchando por cerrar profundas heridas del pasado a la vez que consolida su sistema democrático.
Hace cuarenta años, la irrupción violenta de la Junta Militar que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, marcó a fuego una generación entera de latinoamericanos. Fue el final abrupto de un sueño revolucionario que pretendió, con no pocas audacias y temeridades, ejecutar un plan de gobierno que no contaba con la adhesión mayoritaria de los chilenos.
Es indiscutible que el presidente Allende llegó al poder por vía de las urnas en 1970, si bien ratificado por el Congreso, pues en las elecciones de septiembre de ese año sólo alcanzó la tercera parte de la votación total. Como quiera que sus dos oponentes inmediatos tuvieron entre ambos más del 60 por ciento de la votación restante, Allende se vio obligado a suscribir unos acuerdos políticos que le obligaban a respetar las garantías democráticas y los derechos de la oposición.
Una vez en la presidencia, Allende y su equipo forzaron su programa de centralización de la economía y estatización de los medios de producción. En un entorno geopolítico de guerra fría, la intervención extranjera (norteamericana por un lado, cubana por el otro) fue evidente y con resultados desastrosos para la economía y la convivencia política. Si bien con una base de apoyo popular considerable, era también grande la resistencia, y no sólo de los grandes empresarios, a las medidas de choque del gobierno.
Los llamamientos a los militares para que intervinieran eran públicos, provenientes de dirigentes de gran acatamiento, como el expresidente Eduardo Frei Montalva o el futuro gobernante Patricio Aylwin.
Pocas veces las imágenes audiovisuales habían ayudado tanto a consolidar la representación mental e ideológica sobre la que millones de personas construyeron sus posturas ante la tragedia: la del presidente mientras es atacado, ataviado con casco, defendiendo con unos pocos fieles la sede del Gobierno, resistiendo balas y bombas hasta morir sin entregarse. Y, pocos días después, la fotografía del militar golpista, de gafas negras y brazos cruzados, mentón desafiante, rodeado de oficiales de rostro feroz. Y esa imagen siniestra anunció exactamente la realidad que se vivió en los siguientes 17 años.
La dictadura terminó formalmente en 1990. No obstante, hasta 1998 Augusto Pinochet siguió siendo comandante en Jefe del Ejército y poder supremo de las Fuerzas Armadas.
Durante varios años, simpatizantes de Pinochet elogiaron su régimen. "Modernizó Chile y estabilizó la economía", decían muchos empresarios que comulgaban abiertamente con el gobierno militar. No obstante, nadie con visión humanística podría ponderar una dictadura cuyos crímenes no fueron solo contra su población, sino contra la Humanidad.
Las lecciones chilenas son, por lo menos, tres. Primera, así sea por la vía electoral, no se puede violentar a la población con políticas contrarias a su histórico sentimiento democrático y a su conciencia de respeto a los derechos civiles. En eso falló Allende. Segunda: no se puede decir que se va a rescatar un país, violando los derechos humanos y la libertad de expresión. La economía no prima sobre la dignidad humana. Es el error de los pinochetistas. Tercera: no puede prosperar la perniciosa tesis de que un régimen autoritario permite avances que no se logran en democracia. El Chile posterior a 1990 demuestra, precisamente, lo contrario.
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