Presume el ciudadano que ante un asunto tan esencial para la vigencia del Estado de Derecho, como es la Justicia, todos los poderes públicos concernidos en su funcionamiento debían dar lo mejor de sí para adoptar las decisiones correctas cuando de su reforma se trata. Ya se ha surtido el primer debate en el Congreso, de los ocho reglamentarios, para introducir los cambios por reforma constitucional, y hasta ahora lo único que se ha logrado es multiplicar las dudas y activar las críticas.
Aunque ya anunció el Ministro del Interior que lo relativo a la justicia penal militar será retirado del trámite de la reforma a la Justicia, el hecho de haberlo colado de manera forzada allí demuestra que la improvisación y la falta de coordinación entre los despachos ministeriales sigue siendo una característica de nuestra política pública. Ya Vargas Lleras, Esguerra Portocarrero y Pinzón Bueno han hablado sobre la reforma a la justicia y el fuero militar. Es de esperar la inminente intervención de Angelino Garzón, para acabar de aclarar el panorama.
El Presidente Juan Manuel Santos, en Ibagué, ante el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, glosó los que, a su juicio, serán los grandes avances para que la Justicia, por fin, funcione como debe ser. Pero examinados uno a uno los puntos enunciados, es fácil concluir que la reforma consistirá en meras modificaciones a la estructura administrativa de la Rama Judicial. La morosidad del sistema, la ineficacia del servicio público jurisdiccional, la congestión judicial, además de la ausencia material de justicia, no son incluidos en el listado de problemas por resolver que el Gobierno y las altas Cortes tienen en su agenda.
Dependerá entonces del Legislativo tocar los verdaderos puntos centrales que el país reclama. Al Gobierno parece interesarle, ante todo, el consenso a como dé lugar con las Cortes. A éstas, la conservación de sus fueros, poderes electorales y la no cesión de ninguna prerrogativa, ni jurisprudencial ni de ninguna otra índole. Y al Congreso, naturalmente, no le interesará privarse ni de su injerencia en el nombramiento de magistrados, ni en la participación en la conformación de la planta de las altas Cortes. Las prioridades verdaderas chocarán con esta evidencia.
Las diferencias entre el proyecto inicial del Gobierno, y el articulado que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, lo que indica es que hay una especie de resignación ante la ineficiencia crónica del aparato jurisdiccional, y que lo que se pretende es, más que todo, aplicar alivios a tensiones burocráticas de los miembros de los altos tribunales y del Congreso.
Recientemente hemos oído una declaración de impotencia de la Fiscalía ante los inmanejables procesos de Justicia y Paz. Se hace patente -pero no sorpresiva- la inoperancia del aparato de investigación y la insuficiencia de recursos, económicos y humanos, para acometer semejante reto. Y ese es solo un ejemplo, de muchos, de lo que no funciona.
Cada vez hay más tipos penales y mayor pluralidad de formas delictivas, y no hay cómo investigarlos ni juzgarlos ni sancionarlos. Y del sistema penitenciario, mejor ni hablar. La reforma a la justicia apenas comienza su trámite, pero con este inicio lánguido y desesperanzador, no auguramos un buen final.
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