Coincidimos. El Ejecutivo advierte el peligro de que dicha Comisión se convierta en una "herramienta táctica de las negociaciones".
Un equipo de expertos y personalidades que se dedique a investigar las causas, autores y modus operandi de los asesinatos relacionados con la guerra interna podría ocasionar, además, recelo entre las partes, y recriminaciones mutuas que, es seguro, incidirían en sus visiones y decisiones frente al proceso y sus etapas restantes.
De igual manera, cualquier filtración a los medios informativos de los hallazgos de esa Comisión podría tener efectos críticos de opinión pública que erosionarían en algún grado la credibilidad de los actores en la mesa, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, podrían generarse ruidos con "efecto feedback (de retroalimentación)" a destiempo.
Por eso, las más de 30 Comisiones de la Verdad que hasta ahora funcionaron en el mundo para esclarecer crímenes en el contexto de dictaduras y conflictos armados internos o internacionales, han acostumbrado operar con posterioridad a avances sólidos e irreversibles de solución y entendimiento entre las partes involucradas (Gobiernos, actores armados legales e ilegales y sociedad civil).
Esos organismos operan sin autoridad ni injerencia en el marco jurídico interno, con tiempos establecidos, y conformados por personas de las más altas calidades morales, políticas y de experticia, que garanticen la imparcialidad necesaria a sus investigaciones e informes respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas con ocasión de tales conflictos.
Se trata de una tarea paciente y meticulosa de documentación, con todo el rigor posible, para buscar la verdad sobre torturas, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, ejecuciones extrajuicio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y actos terroristas.
Estas tipologías tienen ejemplo y autoría en los actores de nuestro conflicto armado interno: Estado (Fuerzas Armadas), paraestado (grupos paramilitares) y contraestado (guerrillas). Coincidimos con el doctor Humberto De la Calle en que "Queremos la verdad, todas las verdades, en serio", porque "la verdad es un instrumento real para la paz".
No habrá sanación posible de la siquis colectiva, y en especial de las víctimas, si no se establece con claridad por qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes cometieron tan gravísimas violaciones de derechos humanos contra otros ciudadanos. Además, ese informe de la verdad deberá servir para que el país logre un duelo general y se proponga, con todas sus fuerzas y actores, no repetir jamás actos tan inhumanos.
Si existe un ambiente favorable, como lo dijeron las partes al terminar el Ciclo 22 de las conversaciones, para cerrar el punto de "drogas ilícitas", hay que prepararse para abordar el punto quinto, el de las víctimas, que será la puerta de entrada para que se diseñe aquella Comisión de la Verdad que podrá iniciar su trabajo tan pronto se haya decidido y negociado Terminar el Conflicto Armado, en procura de Constuir una Paz Estable y Duradera.
LA COMISIÓN DEBE IR AL FINAL; NOS INQUIETA SU CONFORMACIÓN Y SU ORIENTACIÓN
Por JAIME RUIZ BARRERA
General (r) y director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore)
El interrogante y la preocupación no son por la Comisión de la Verdad misma sino por quiénes la integrarán y cómo se orientará su trabajo. Si se trata de personas afectas a las Farc, y si van a entrar en contradicción permanente con la Fuerza Pública, resultará algo parecido al reciente informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, en el que aparecen como responsables de casi todas las atrocidades, en 50 años de conflicto, las Fuerzas Armadas.
La Comisión y sus informes no deben convertirse en verdad ni prueba jurídicas. Sus conclusiones no podrán servir como cabeza de procesos jurídicos contra quienes se han dedicado a defender este país.
Eso es lo que rechazamos. Que se establezca la Comisión de la Verdad, pero sobre la base de hechos ciertos y no de situaciones acomodadas. La Escuela Superior de Guerra trabaja en el Informe Basta Ya, tomando información documentada, y esa versión la debe conocer el país.
Esta Comisión, entendemos, se asocia con la creación del Marco Jurídico para la Paz (justicia transicional) y es un compromiso legal que se debe cumplir. Lo tenemos claro.
No nos oponemos a la Comisión y nos identificamos con que opere al final de los acuerdos, para que no dilate más este proceso que nos angustia y nos llena de interrogantes por su falta de claridad.
