En un grupo de países latinoamericanos que han alcanzado cierto grado de desarrollo y de madurez política, existen condiciones adecuadas para lograr acuerdos alrededor de temas económicos prioritarios. Si se desea hacer viable la aceptación social de un programa ambicioso de reformas, es conveniente construirle una base de apoyo más amplia que la del sólo partido de gobierno. Los participantes en el respectivo acuerdo pueden cambiar en países diferentes, o según los temas. Pero el esfuerzo requerido para ampliar la base de apoyo a las reformas contribuye a garantizar su vigencia más allá de la duración de determinado gobierno.
Este planteamiento presupone que el país en cuestión tiene un régimen de democracia liberal, con separación de poderes, partidos políticos y límites precisos al ejercicio de la autoridad presidencial. Por lo tanto, no es válido para países sometidos a gobiernos autoritarios de cualquier naturaleza.
Las siguientes reflexiones hacen referencia a la economía política de las reformas; es decir, a la manera como se convierten en políticas públicas las recomendaciones de los cuadros técnicos del Estado. Ésa es una labor de filigrana, que tiene tanto de arte como de ciencia. Un requisito indispensable es disponer de una tecnocracia de alto nivel. Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. Una vez incorporada al programa de gobierno la recomendación de los técnicos, sigue un proceso de promoción de la propuesta entre dirigentes políticos, asociaciones gremiales y sociedad civil.
El buen suceso de las innovaciones en materia económica no es función exclusiva de la competencia de la tecnocracia o de la habilidad política de los gobernantes, sino de la combinación óptima de ambas cualidades. A la autoridad política le corresponde determinar la oportunidad y la intensidad del cambio propuesto, así como la tarea de defender su conveniencia ante el Congreso y la opinión pública.
Un intento malogrado de introducir reformas erosiona la credibilidad gubernamental y puede llegar a desestabilizar las instituciones democráticas. La forma como se puso en vigencia en Venezuela un ajuste de precios en febrero de 1989 tuvo como consecuencia el denominado Caracazo, una revuelta popular que contribuyó a crear un ambiente propicio para el golpe de Estado con el cual inició Hugo Chávez su trayectoria política.
Así mismo, el peculiar mecanismo diseñado por las actuales autoridades venezolanas para administrar el control de cambios está perjudicando la actividad productiva al entorpecer el suministro de insumos, bienes intermedios y repuestos importados. La creación de una tercera tasa de cambio, con el surgimiento de un mercado negro de dólares, ha desorganizado el sistema financiero doméstico y estimulado la fuga de capitales. En este caso, la ineptitud técnica y la torpeza gubernamental comparten la responsabilidad por el daño causado a la economía venezolana.
Como ejemplo de resultado positivo de una reforma económica puede mencionarse el programa de estabilización conocido como Plano Real, adoptado por Brasil en 1994. Este programa, diseñado por un prestigioso grupo de economistas brasileros y acogido por el Congreso, puso fin a un proceso de hiperinflación que registraba alzas de 43% mensual en el índice de precios. El éxito de este plan, y los beneficios económicos y sociales que produjo disponer de una moneda sana, hicieron un valioso aporte al proceso de modernización que se observa en Brasil durante los últimos diez y seis años.
A partir de los años sesenta, se estableció una fructífera cooperación entre la tecnocracia colombiana y los dirigentes políticos. Esta tradición constituye un augurio favorable para las iniciativas del nuevo gobierno respecto a la adopción de una regla fiscal y la creación de empleo formal.
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