Mal precedente el del exitoso paro armado del grupo mafioso los Urabeños de la semana pasada. Y floja la respuesta del Gobierno al no responder a la acusación de asesinato de alias Giovani y al subestimar la capacidad de intimidación de este grupo.
Hay quienes desde el facilismo del análisis y con claras intenciones políticas quieren hacer ver a los Urabeños como un grupo paramilitar. Es una equivocación caer en esa trampa, pues al errar en la tipificación del fenómeno se equivoca en la respuesta.
Los Urabeños son un fenómeno criminal que surge cuando hay un vacío de poder en el control de la ilegalidad como el que se dio en el país tras la desmovilización de los paras y la extradición de sus líderes. En Guatemala y en El Salvador sucedió algo similar tras los tratados de paz. Los negocios ilícitos no se esfuman así como así y la capacidad instalada criminal no desaparece de un día para otro. Se transforma.
El comunicado que envían, lleno de errores gramaticales y profundos vacíos conceptuales, deja de todas maneras entrever una búsqueda de identidad más allá de la característica mafiosa que hoy tienen. Hay un riesgo, pues de la mirada primaria del comunicado a un discurso ideológico solo hay un corto trecho que recorrer y que otros ya han recorrido. Por eso no hay que equivocarse en la caracterización del fenómeno, pues le puede dar paso a la autojustificación de la lucha que quieren lograr los Urabeños . El lenguaje se convierte así en un instrumento vital de confrontación. Ojalá esos conocidos analistas y esas ONG que tienen un solo objetivo, Álvaro Uribe, no caigan en la trampa de darles piso político a los Urabeños al graduarlos de paramilitares. No, son un grupo mafioso inmensamente peligroso para la sociedad colombiana que amerita una respuesta militar pero especialmente policial y judicial. Los Urabeños son más parecidos a una Cosa Nostra o una Ndrangheta en esteroides (por su capacidad armada) e incluso a las maras centroamericanas que a los paramilitares que surgen de la debilidad del Estado con complacencia social y unas instituciones armadas que por lo menos se hacían los de la vista gorda.
Acá hay un fenómeno de reto al Estado, a las autoridades e incluso a la sociedad donde habitan y conviven. Son algo más insurgente, por ponerlo de alguna manera, que los paramilitares que fueron casi siempre contrainsurgentes.
¿Y la respuesta? Así como con la justicia sin rostro se enfrentó la violencia de Escobar hay que buscar una justicia dura, implacable y rápida que hoy no existe. Una justicia especializada en mafias donde hasta el que hace la llamada por pertenecer a un grupo acaba largos años en prisión. Hoy no se puede con el andamiaje judicial que tenemos. Primero que todo se necesita una Fiscalía adscrita al Ejecutivo que trabaje en llave con el aparato represivo del Estado. Que tenga directrices, metas y resultados que el mismo Ejecutivo le imponga. Que enfoque esfuerzos donde sea necesario para enfrentar un reto de estos y que sea flexible para adaptarse a una delincuencia organizada que aprende y cambia de accionar. Una Fiscalía además que asuma un costo político por su acción o inacción. Hoy nada de eso sucede ni es posible. Este es un debate que se debe dar ya. En segunda instancia se necesitan unos jueces especializados como los que hubo en esa lucha contra el narcoterrorismo con unos códigos menos garantistas con el delincuente.
Nos enfrentamos a un reto similar al del narcoterrorismo. Nada más ni nada menos. Por eso este paro hay que tomarlo en serio. Para que Medellín no acabe como Nápoles o Santa Marta como Sicilia.
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