A principios de junio, exactamente el día cuatro, se le confirmó a Sandra Liliana Rojas García una destitución de la Dian, de donde era funcionaria, y una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos emitida por la Procuraduría General de la Nación. La misma resolución cobija una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
La mujer sobre la que pesa el antecedente disciplinario es la misma que este lunes, ante la juez 14 con función de control de garantías, aceptó los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, exportación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que la Fiscalía le imputó por estar relacionada con el escándalo del desfalco a la Dian.
La firma de Rojas García, conforme lo reveló el fiscal Pedro Nel Cárdenas que adelanta la diligencia en los estrados judiciales, habría sostenido varias conversaciones telefónicas en las que ya advertía la situación que se venía por las devoluciones del impuesto al valor agregado de varias compañías de papel.
En uno de esos apartes, la mujer que se inició como auxiliar contable en la empresa R&B Consultores, le dijo a su interlocutor “estos está que arde”. En la misma llamada la mujer manifestó que la investigación estaba a cargo del DAS y temía que Blanca Jazmín Becerra “los dejara embalados”.
De allí que, al parecer, Sandra Liliana conocía todos los movimientos irregulares que se tejían al interior de la empresa y por eso se presume que aceptaría los cargos, los cuales, en efecto práctico, le significan una rebaja de hasta el 50% de la pena que le sentencie un juez en audiencias posteriores.
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