En la audiencia contra el exministro Andrés Felipe Arias, ayer el turno fue para la defensa. El abogado Jorge Gómez Gallego debatió, uno a uno, los argumentos presentados por la fiscal Viviane Morales en su imputación de cargos.
Debido a la gran cantidad de pruebas presentadas, tanto por la Fiscalía como por la defensa del exministro Arias, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro, aplazó para el próximo martes, 26 de julio, la audiencia en la que se conocerá si emite o no medida de aseguramiento contra el exfuncionario por el proceso de Agro Ingreso Seguro.
Durante más de dos horas de exposición, el abogado defensor cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía General en contra de su cliente y aseguró que durante la ejecución del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) no se cometieron actos irregulares.
Como "pruebas amañadas, fraccionadas y obtenidas de manera ilegal" calificó el jurista la exposición de la fiscal Viviane Morales durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Arias por los delitos de celebración indebida de contratos sin los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Gómez Gallego, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señaló que en los contratos con el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura (Iica) "siempre se han hecho de manera directa", por las anteriores administraciones del Minagricultura.
El defensor cuestionó los señalamientos sobre su cliente: "Si todo el mundo lo hacía y lo sigue haciendo, entonces ¿por qué el señor exministro se encuentra aquí en esta silla?".
El abogado manifestó además que las familias Dávila y Vives Lacouture "engañaron al Ministerio de Agricultura y al Iica" a la hora de solicitar multimillonarios subsidios para programas de riego y drenaje mediante proyectos falsos y amañados.
Dijo también que la Fiscalía no utilizó todos los datos sobre el programa AIS. "La Fiscalía se limitó a traer selectivamente informes", indicó el defensor al mostrar copias de otros reportes de Econometría, la misma firma citada por el ente acusador el jueves, y que dijo dan cuenta de que hasta agosto pasado al menos 316.000 familias del campo, que ocupan más de un millón de hectáreas, fueron beneficiadas con los subsidios. Se entregaron además, dijo el abogado, 1,5 billones de pesos a 85.000 familias campesinas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas.
El abogado Gómez Gallego complementó su ponencia con el hecho de que, además de que no existen pruebas suficientes en contra de su cliente, la solicitud de medida de aseguramiento no tiene sustento jurídico, puesto que el exministro no representa un peligro para la sociedad ni tiene la posibilidad de interferir en la investigación y siempre ha respondido a los requerimientos de la Justicia.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
