Luego de conocerse la incursión de grupos paramilitares en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta; la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó abrir investigación penal contra varios funcionarios públicos quienes estarían involucrados en el accionar de los paramilitares.
En su decisión el magistrado encargado del caso afirmó que con las indagaciones se busca establecer si se presentaron algunas omisiones por parte de los funcionarios (a quienes no se les ha revelado su identidad) al permitir la formación de miembros de estos grupos armados al margen de la ley.
En ese sentido, las pesquisas estarán en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, quienes serán los encargados de indagar sobre los posibles delitos por parte de este grupo ilegal, entre los que se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, torturas y reclutamiento de menores.
Asimismo, se pudo establecer que habrá una investigación fiscal, en manos de la Contraloría General, que busca determinar la posible colaboración por parte de los funcionarios en las finanzas de los Bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia o si por el contrario se habrían beneficiado de los dineros.
La solicitud del Tribunal se basa en las declaraciones entregadas por paramilitares desmovilizados y otros funcionarios que relacionaron a miembros del Ejército y la Policía, así como alcaldes, concejales y servidores públicos, entre otros, por su relación con las AUC.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
