En casi un siglo de historia, la Ley de Espionaje de 1917 -aprobada por Woodrow Wilson dos meses después de que EE. UU. entrara en la I Guerra Mundial para perseguir a los prusianos residentes en su país- ha sido utilizada en nueve ocasiones para procesar en Estados Unidos a quienes han filtrado a los medios de comunicación información reservada o de carácter sensible. En seis de esas nueve veces el presidente responsable de aplicarla se llama Barack Obama bajo el paraguas de su fiscal general, Eric Holder. La decisión de recurrir a la ley más que nunca en la historia es de Holder, como máximo responsable del departamento de Justicia, pero Obama respalda y rubrica públicamente cada una de las polémicas decisiones de su brazo ejecutor. Se da la paradoja de que el presidente más progresista -sobre el papel- de la corta historia estadounidense se ha convertido en el mayor "inquisidor" que haya pisado la Casa Blanca. El propio Roosevelt se negó a utilizar la ley pese a la psicosis antijaponesa y, en menor medida, antinazi que se extendió en Estados Unidos durante la II Gran Guerra. De hecho, la llamada "Espionage Act" sólo se utilizó antes en 1973 (en el caso de los papeles del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam), en 1985 y en 2005.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha criticado el "abuso" que Obama hace de esta "ley mordaza" -aplicada en el juicio que comenzó ayer contra el soldado Bradley Manning, acusado de filtrar miles de documentos confidenciales a Wikileaks- por considerarla "perjudicial para la libertad de expresión". De hecho, RSF va más allá al considerar la política de Obama en este terreno como "una caza de fuentes efectuada en menosprecio de la Primera Enmienda, que afecta directamente a la actividad de los periodistas, sobre quienes recae la sospecha de atentar contra la seguridad del país por cumplir su deber profesional".
No existe ningún motivo aparente para que Obama, considerado hasta ahora una especie de Gandhi afroamericano, haya dado rienda suelta a esta persecución contra la prensa. A no ser que lo que se pretenda sea blindar a su Administración de los abusos que pueda cometer y de silenciar la libertad de expresión.
En este mundo al revés, donde nada es lo que parece, descubrimos ahora que la narcoguerrilla de las Farc anda por ahí amenazando sindicalistas. No me lo esperaba, la verdad, por mucho que ya nada me sorprenda de esa gentuza. Durante años pensamos que esa potestad quedaba en manos de los "paras", de los terratenientes y de los oligarcas, pero resulta que el ideario marxista-cocalero no soporta las libertades que se toman algunos representantes elegidos democráticamente por los trabajadores colombianos. La denuncia de las amenazas a los líderes de la Confederación General del Trabajo la hizo el presidente Santos -quien parece decidido a encauzar el rumbo de su gestión con las últimas declaraciones y decisiones que está adoptando, como su determinación de integrarse en la OTAN- durante el Día del Campesino. Por supuesto, las Farc negaron la autoría de tales amenazas contra Julio Roberto Gómez o cualquier otro sindicalista de la CGT, y Santos prefiere amonestar de momento a los pistoleros antes que romper las negociaciones de paz.
Mientras, en Honduras, las maras están decididas a dejar las armas sin más preámbulos. Los mareros hondureños han crecido tanto como para tener hijos por los que preocuparse y ya no quieren seguir pegando tiros. Ojalá cunda el ejemplo en El Salvador o en la propia Colombia, donde las bacrim andan desatadas. Lo dicho, el mundo al revés, donde nada es lo que parece.
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