Con los argumentos a favor y en contra de una medida de aseguramiento domiciliaria en contra del curador segundo de Medellín, Carlos Alberto Ruiz Arango, se espera para hoy una decisión de la justicia frente al último de los imputados ayer por la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal que se les sigue a los presuntos responsables de la tragedia del edificio Space.
Ruiz, el quinto de los implicados en ser señalado por la Fiscalía al inicio del proceso penal, rechazó ayer el cargo de prevaricato por acción, formulado por la Fiscal Seccional 80, adscrita a la Unidad de Vida, Amparo del Socorro Botero. Igual manifestación, por el mismo delito imputado, presentó la excuradora Eliney Francis Llanos.
Ante el delito de homicidio culposo, por la muerte de 12 personas que provocó el colapso de la fase 6 de Space, los ingenieros María Cecilia Posada, Pablo Villegas Mesa y Jorge Aristizábal Ochoa, que estuvieron al frente de los aspectos técnicos de la construcción, tampoco aceptaron los señalamientos y deberán esperar un nuevo llamado de la justicia.
A todos los implicados el juzgado les impartió la prohibición de realizar transacciones disponiendo de los bienes con que cuenten registrados a título personal.
A favor y en contra
La Fiscalía General de la Nación pidió privar de la libertad en su residencia al actual curador segundo, el arquitecto Carlos Alberto Ruiz, señalando que al continuar en su cargo puede representar peligro para la comunidad en la aprobación de licencias de construcción sin que se cumplan los requerimientos legales.
En su exposición la representante del ente investigador mencionó que además de las licencias y modificaciones aprobadas en la curaduría Segunda, bajo la titularidad de Ruiz para Space, se avaló la construcción de proyectos como Continental Towers y Colores de Calasania, de la misma constructora, que hoy están evacuados por orden del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).
Frente a la petición de medida de aseguramiento, la única por la que optó la Fiscalía, el Ministerio Público consideró que no es necesario privar de la libertad al curador. En su argumentación el representante de la Procuraduría cuestionó que no se haya hecho igual solicitud frente a imputados como Pablo Villegas o María Cecilia Posada, quienes continúan desempeñando cargos directivos en la empresa CDO, responsable de los proyectos Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, evacuados por el Dagrd.
En nombre de las víctimas el abogado Federico Londoño Mesa, apoderado de la familia de Juan Esteban Cantor (residente de Space que murió la noche del colapso en el edificio), apoyó el pedido de la Fiscalía al considerar que la continuidad de Ruiz Arango en su ejercicio profesional como curador urbano representa riesgo para la comunidad.
Sostuvo que el titular de la curaduría segunda faltó a sus funciones de revisión y control en el cumplimiento de las normas de sismorresistencia en el proyecto.
Por su parte el abogado David Gutiérrez, apoderado de Ruiz Arango, sostuvo que a su defendido en calidad de curador no correspondía más que, como en el caso de un notario, dar fe de la idoneidad de las personas que están al frente de los proyectos que tramitan licencia ante su despacho y de la documentación presentada para acceder al aval constructivo.
Con estos argumentos presentados por cada una de las partes y con la necesidad de analizar todas las justificaciones y los elementos que sustentan o piden que se descarte el compromiso de la libertad, la audiencia se suspendió para continuar hoy a las 8:30 a.m.
No aceptaron cargos
A lo largo de la audiencia a cargo del juzgado 42 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, que desarrolló ayer durante cinco horas en la sala nueve, piso 18 del Palacio de Justicia de Medellín, la fiscal delegada Amparo del Socorro Botero formuló la imputación de cargos contra cada uno de los implicados en el proceso penal.
El ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa, fue el primero en no aceptar su responsabilidad ante el delito de homicidio culposo. El profesional tuvo a su cargo los diseños estructurales de Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, entre otras obras de CDO. En igual sentido se pronunciaron en su orden el gerente de la compañía, Pablo Villegas Mesa, y la directora de obra en Space, María Cecilia Posada.
Según la Fiscalía los tres ingenieros estaban en capacidad de determinar que el edificio no cumplía con las normas de sismorresistencia y no tomaron medidas correctivas desde el primer momento en que se evidenciaron las deficiencias en la estructura.
De acuerdo con lo expuesto, el delito de homicidio culposo les acarrearía, de ser encontrados culpables, penas entre los 32 meses y los nueve años en la cárcel. Al considerar en la imputación el concierto homogéneo y simultáneo por la muerte de las 12 víctimas, la sanción se podría aumentar hasta en otro tanto a criterio del juez al que corresponda dictar sentencia.
Haberse acogido a los cargos hubiera significado una rebaja hasta del 50 por ciento, pero también asegurar un fallo condenatorio que quedaría en sus hojas de vida.
Reacción de las familias
La negación de los cargos por cada uno de los imputados generó decepción entre las familias, presentes en la diligencia con el dolor por la pérdida de sus seres queridos.
"Cada uno sabrá cómo llevar su defensa, pero ellos saben que tienen el pecado", señaló Carlos Alberto Cantor, padre de Juan Esteban Cantor. Agregó que su familia, como los allegados a las otras 11 personas que murieron en Space, esperan que haya justicia en el caso.
La excuradora Segunda de Medellín, Eliney Francis Llanos, quien otorgó las primeras licencias a Space, no aceptó a su turno la formulación de prevaricato por acción. Como en ninguno de los casos hasta ese punto la Fiscalía pidió medida de aseguramiento, los cuatro primeros implicados adquirieron el compromiso de presentarse ante la Justicia la próxima vez que sean requeridos para continuar el proceso.
En último lugar, el actual curador segundo, Carlos Alberto Ruiz, quien tuvo a su cargo parte nuevas licencias y modificaciones en Space, rechazó la misma acusación, descartando una rebaja de penas en este sentido.
Por el delito de prevaricato por acción, la ley contempla penas de prisión entre tres y ocho años, y multa de 30,8 a 61,6 millones de pesos.
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