El país ha alcanzado altos niveles de corrupción. Las ollas podridas nos sorprenden. En medio de esta grave situación, el Congreso acaba de aprobar el Estatuto Anticorrupción, una serie de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, sanción y efectividad del control de la gestión pública.
La corrupción es un fenómeno criminal, un delito que afecta el patrimonio de todos los ciudadanos. Cuantificar sus daños sociales es muy difícil. Se dice que cada año se pudieron robar 4 billones de pesos; ello es una mordedura atroz para la lucha contra la pobreza. Es, incluso, tan dañina como la guerrilla y los paramilitares. Colombia está dentro de los 50 países más corruptos, según el Barómetro Mundial de la Corrupción, entre 184 naciones.
La Ley Anticorrupción tiene algunas fisuras graves, dada la debilidad de los organismos de control para atender los requerimientos de los ciudadanos.
Por ejemplo, la Fiscalía no alcanza a atender los miles de casos que le incumben. No respuesta, más impunidad. La razón es que no hay personal ni presupuesto. Una encuesta de Invamer Gallup afirma que el 70 por ciento de los colombianos piensa que la corrupción está empeorando; más de la mitad desaprueba la forma como el presidente Santos está enfrentando el problema.
Mientras no se reformen los órganos encargados de enfrentar la corrupción, aplicar los artículos que contiene el Estatuto Anticorrupción será muy complicado y la impunidad seguirá campante. Como si fuera poco, los entes de control territorial, es decir las contralorías departamentales, distritales y municipales, son inoperantes y politizadas. Para la muestra, el Contralor Distrital de Bogotá y el carrusel de la contratación.
La existencia de tantos organismos de control confunde a los empleados públicos y ciudadanos. La ley convalida la figura del funcionario de control interno para las entidades públicas del orden nacional, nombrado por el Presidente de la República; mientras que para el orden territorial se hará el nombramiento por gobernadores y alcaldes. Así ha venido operando, pero no ha servido, dados los casos de alcaldes y gobernadores en la cárcel.
El Estatuto le da 'contentillo' al ciudadano con la creación de la oficina de quejas y reclamos, cuyo nombramiento depende de la autoridad territorial. Además, se busca acabar con la llamada "puerta giratoria" que reacciona frente a esas personas que siendo empleados públicos utilizan sus influencias para salir bien librados. Prohíbe que quienes financien campañas electorales se beneficien de contratos públicos.
En cuanto a la vigilancia de las personas políticamente expuestas, las entidades financieras deberán identificar si el cliente se encuentra en esta condición, y establecer el origen de sus fondos y pedir autorización a su superior para abrir una cuenta bancaria o sacar una tarjeta de crédito, entre otros, en el caso de los funcionarios. Adicionalmente, se creará un Fondo Anticorrupción del sector salud.
No habrá libertad condicional, ni casa por cárcel para los empleados públicos que cometan delitos contra la administración pública. Los interventores tendrán que responder por el incumplimiento u omisión en la ejecución de contratos. Bajo lupa estarán los delitos de enriquecimiento ilícito, violación del régimen de inhabilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y tráfico de influencias.
En teoría, como todas las leyes, el Estatuto promete ser un arma letal para la corrupción. Los entes de control ya no tienen ningún pretexto.
Su trabajo ahora es desvirtuar aquel dicho perverso: "hecha la ley, hecha la trampa".
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