Es increíble que luego de 22 votaciones no haya sido posible que la Corte Suprema de Justicia elija al Fiscal General de la Nación, no obstante considerar viable la actual terna presentada por el entonces Presidente Álvaro Uribe, ya que no encontró objeción alguna sobre la probidad y competencia profesional de los postulados, como sí ocurrió con alguno de los candidatos de la primera.
Razón más que suficiente para que el Presidente Juan Manuel Santos, haciendo gala de sensatez y cumpliendo con la ley, optara por no cambiar a los ternados, a pesar de las múltiples insinuaciones de algunos políticos y funcionarios estatales interesados en nominar a sus amigos para apropiarse de uno de los cargos más importantes del país.
La falta de un Fiscal en propiedad acarrea graves inconvenientes en la determinación y aplicación de la política criminal y de la justicia penal, como ya se ha visto ante los casos de impunidad, por desgracia cada vez más frecuentes en nuestro país.
Es claro que un Fiscal encargado no tiene el suficiente liderazgo que una función tan trascendental necesita. Como lo dijimos en un editorial, y hoy lo reiteramos, nunca pensamos que tuviéramos que pedirle a la Corte Suprema que cumpliera con su obligación constitucional de elegir al Fiscal.
Es que su compromiso histórico tiene que ser con el Estado de Derecho y con la defensa de la institucionalidad. Por ello, debe prevalecer su interés por el bien común sobre cualquiera otra consideración, aún sobre sus eventuales disputas internas y luchas de poder. O sino, ¿Dónde quedará, finalmente, su propia credibilidad? Corre el riesgo de dejar de ser.
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