La promesa del Gobierno y las autoridades de judicializar a los supuestos responsables del despojo de tierras comienza a materializarse con el anuncio de la Fiscalía de que en los próximos días acusará a 19 empresarios de palma de aceite, por su presunta responsabilidad en el desplazamiento forzado de campesinos en Curvaradó, Chocó.
Tras una reunión con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y líderes reclamantes de tierras en el Palacio de Justicia de Bogotá, el fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró que los empresarios están identificados y en los próximos días se les hará la acusación formal ante los jueces.
El jefe del ente investigador dijo que la Fiscalía tiene pruebas para sostener ante los jueces que estos empresarios habrían presionado a habitantes de esa región de Chocó para apropiarse ilegalmente de sus tierras. “Hay unas acusaciones contra 19 empresarios de la palmicultura. Estamos evaluando en este momento si existe o no mérito para vincular a más personas”.
El ministro de Agricultura agregó que luego del estudio de predios, de las modalidades de despojo y las denuncias de habitantes de la zona, el Gobierno tiene identificados a unos 40 empresarios ocupantes de tierras colectivas de comunidades afrodescendientes e indígenas en el Chocó.
Según Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuros, que representa a desplazados, Curvaradó es una zona donde empresarios “de mala fe compraron tierras a bajos precios luego de que los paramilitares irrumpieran en la región en 1997 y generaran un desplazamiento forzado”.
Se estima que unas 3.400 hectáreas de tierras sembradas de palma deben ser devueltas a las comunidades de Curvaradó. La Fiscalía también ha acusado a notarios y registradores por supuesta complicidad con paramilitares para facilitar el despojo de predios. Más de 50 líderes de desplazados han sido asesinados por sus denuncias y por reclamar la devolución de sus tierras.
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