Las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) llevaron a que la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia anunciaran ayer decisiones que afectan a personas investigadas dentro de este caso.
Los exdirectores de la DNE, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, fueron citados a interrogatorio, para finales del presente mes, por el ente acusador.
Esta decisión de la Fiscalía se suma a la del Departamento de Estado de E.U. de retirarle a Albornoz la visa.
Y dentro de esta misma investigación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia citó ayer a ampliación de versión libre a la congresista Lucero Cortés, dentro del proceso preliminar que se adelanta para establecer si hubo o no dolo en una entrega de bienes que estaban bajo control de la DNE.
En la diligencia judicial, en la que no se ha fijado fecha aún, Cortés deberá establecer si recibió de la DNE, al parecer, cinco carros y dos fincas incautadas a narcotraficantes.
En su momento, la representante a la Cámara por el Partido de la U fue señalada por el actual director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, de haber recibido de manera irregular estos activos para su administración.
Sin embargo, la congresista aseguró por ese entonces que "no es cierto que yo, o mi familia, o ningún tercero por mí recomendado, sea depositario de bien alguno de la DNE".
La representante Lucero Cortés explicó además que quienes se hayan aprovechado de estos bienes irregularmente deben pagar y sobre ellos debe caer "el peso de la ley, pero yo no tengo porqué soportar más mentiras y falsas acusaciones".
Lucero Cortés se encuentra en detención domiciliaria por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la investiga por su aparente responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.
Informe del Gobierno
Un informe conocido por Colprensa elaborado por el Ministerio del Interior, donde se hace un diagnóstico sobre las problemáticas que viene presentando la DNE, dan cuenta de supuestas irregularidades estructurales, administrativas, financieras y hasta de corrupción, que comprometen cifras billonarias del presupuesto nacional. Colprensa conoció en exclusiva este documento de 115 páginas con que el Gobierno decidió a comienzos de julio tomar la decisión de liquidar a Estupefacientes.
El documento detalla las presuntas irregularidades y concluye que la DNE es incapaz de cumplir con la asesoría, coordinación y ejecución de la política del Gobierno Nacional para controlar y disminuir la producción, tráfico y consumo de drogas psicoactivas en el país.
El informe, revisado y aprobado por el propio Jefe del Estado, fue hecho luego de las auditorías que adelantaron en los últimos meses la Contraloría General de la Nación (CGN), la Auditoría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, además de la Oficina de Planeación de la misma entidad.
Auditoría de la Contraloría
La auditoría hecha por la CGN calificó la gestión de la Dirección como desfavorable. La Contraloría identificó en las distintas auditorías realizadas que hay imprecisiones en las actas de incautación de bienes donde no se tuvo un manejo adecuado a los mismos, lo que ha aumentado "de manera sustancial" las demandas de esos propietarios contra la DNE. Mientras que a cierre de 2008 había demandas por 276.103 millones, para las vigencias 2009 y 2010 la Contaduría General de la Nación confirmó que los costos de los procesos de reclamación ascendieron a un billón y 1,6 billones, respectivamente. El documento final del Ministerio del Interior, igualmente dice que en muchos casos "el depositario removido fue reemplazado por un depositario quien, según información que reposa dentro de los documentos de los expedientes, tuvo injerencia directa en la administración de los bienes de las sociedades antes de su incautación".
Otro error en la administración es que al no actualizar cada tres meses los inventarios de los bienes incautados por la Fiscalía, la DNE hoy en día no tiene conocimiento de la existencia, ubicación, estado, valoración de los mismos, ni aparecen registros en el sistema FARO (con el cual se administran los bienes).
Al ser preguntado sobre el proceso de la liquidación de la DNE, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras le dijo a Colprensa que es una decisión tomada y que ya está en la Presidencia de la República el paquete de los decretos que así lo determinan. Por su parte el director de la DNE, Juan Carlos Restrepo, dijo que la Dirección sí está en capacidad de formular las políticas de control y prevención en materia de drogas, como lo ordena su misión fundamental.
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