El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la Acción Popular interpuesta por Edison Antonio Díez Rodríguez, quien alegaba que en el acuerdo de pago de la deuda por la construcción del Metro se fijó una tasa de interés a favor del sistema de transporte masivo de Medellín.
Según el accionante, el acuerdo generaría un detrimento público a la Nación en una cifra estimada en más de 1,2 billones de pesos.
La defensa en contra de la Acción Popular la asumió el Metro, a pesar de haber sido interpuesta, además, contra sus socios, el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, y el Ministerio de Hacienda.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó su fallo en la falta de pruebas acerca de la supuesta violación de la moralidad administrativa y del patrimonio público, como intereses y derechos colectivos susceptibles de ser protegidos mediante la acción instaurada.
Para la secretaria general del Metro, Beatriz Osorio, el mayor beneficio de que el acuerdo de pago siga en firme lo recibió la región "y por eso el Metro, así como se dedicó a buscar el arreglo de la deuda, igual busca mantener el acuerdo en firme".
El acuerdo
El acuerdo de pago por medio del cual se reestructuró la deuda del Metro, contraída por la construcción del sistema, se firmó en el mandato del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el 21 de mayo de 2004.
Este estipulaba que el pago de los dineros adeudados a la Nación se realizaría con el recaudo del 10 por ciento de la sobretasa a la gasolina en el Valle de Aburrá y con el 40 por ciento del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco.
Además, se condicionó el acuerdo a la solución de la controversia judicial que existía entre las Empresas Públicas de Medellín e Isagen, derivado de la reclamación de la primera de un pagó de 620.000 millones de pesos por la utilización de la regulación de aguas de la cadena Nare-Guatapé.
EPM, entonces, cedió al Municipio de Medellín los derechos litigiosos frente a Isagen y luego el Municipio desistió de la demanda, lo que la justicia contenciosa encontró ajustada a derecho.
Esta situación trajo beneficios a Isagen, ya que al resolver este conflicto, viabilizó recursos de créditos nacionales e internacionales, para emprender grandes desarrollos de generación hidroeléctrica, los cuales en su condición de demandada, le era imposible desarrollar.
Desde junio del año 2004 hasta noviembre de 2008 se han recaudado 435.524 millones de pesos frente al compromiso de pago acordado con la Nación, de 293.214 millones. Es decir, se han pagado 139.684 millones de pesos más desde que se firmó el pacto.
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