Aunque en la mayoría de las campañas se busca desprestigiar el trabajo de los encuestadores y arrinconar los estudios de opinión con frases como "la verdadera encuesta es la de carne y hueso" o "la encuesta real es la del día de elecciones", es justo reconocer que son una herramienta valiosa para medirle el pulso a la ciudadanía.
A través de estos estudios se puede establecer a ciencia cierta las necesidades de la gente: llegar con soluciones concretas para problemas específicos.
Sin embargo, desde que se convirtieron en una herramienta más para hacer campaña electoral, el verdadero sentido de las encuestas se desvirtuó. La consecuencia de esto es una pérdida progresiva de confianza en el mecanismo y una posición muy difícil para las firmas serias que tienen que mantener a flote su credibilidad, cuando sus mismos colegas la torpedean con resultados inexplicables.
Colombia, además, tiene una legislación laxa para que fácilmente una empresa pueda hacer estudios y tenga autorización para publicarlos en los medios. Si queremos poner control en el mecanismo, debemos empezar con los que lo realizan.
En cada elección, hoy lo estamos viviendo, se cuenta con un abanico amplísimo de escenarios en los que pueden encontrarse encuestas que muestran empates y a los dos días una distancia de ocho puntos entre los que iban en carrera cerrada; y sin que medie evento alguno, a los pocos días se vuelve al empate.
Lastimosamente algunas firmas encuestadoras montaron un negocio alrededor de un elemento de propaganda que efectivamente tiene capacidad de inducir el voto: hay estudios que demuestran que este tipo de sondeos divulgados ampliamente incide en la decisión final del ciudadano.
Lo más grave es el juego que le hacen algunos medios a esa nueva técnica de propaganda electoral, hay empresas cuestionadas que siguen mereciendo primeras planas. En los últimos días han salido denuncias de fraude sobre la firma Datexco, hechas por nadie más y nadie menos que los encargados de Gerencia de Análisis de la compañía. Estas denuncias, si bien no provienen de una condena de un juez de la República, deberían haber ameritado una investigación de parte de los medios que las publican y al menos suspender el encargo de más estudios, hasta que no se aclare el tema.
Es decir, mientras se determinan las auditorías necesarias y se establece una regulación seria a quienes pueden conducir estos estudios (que tienen incidencia en la definición de los procesos democráticos), los ciudadanos seguimos bombardeados con tres encuestas a la semana, todas con resultados diferentes.
Es buena la creatividad en la propaganda electoral, pero al usar la confusión como estrategia se traspasa la línea y cuando eso ocurre, es necesaria una autorregulación de los medios y una participación activa de las autoridades.
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