La caída de la Ley 1382, que pretendía introducir reformas al Código Minero, dejaría en el limbo el proceso piloto de legalidad en el que habían entrado unos 1.200 mineros del Bajo Cauca y el Nordeste.
Así lo explicó el presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, Ramiro Restrepo, quien aclaró que en realidad no se cayó un nuevo código minero, pues este no existió sino que simplemente, con la Ley 1382, se introdujeron varias reformas al código que ha regido siempre.
"Esas reformas cobijaban unos 35 artículos y sus respectivos decretos reglamentarios, al caerse, se caen los procesos que se habían adelantado con base en ellos", indicó.
Uno de los artículos importantes que desarrollaba la ley era el blindaje que ganaron las zonas de páramo para la explotación minera, lo que obligará al Gobierno a buscar salidas jurídicas a esta situación.
En la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Minas, en asocio con el Ministerio del ramo, se han adelantado varios procesos de legalización y formalización de la minería que podrían verse afectados. En la dependencia se han recibido 900 solicitudes de explotación que deberán tener en cuenta esta modificación en el código.
En el contexto
Esta misma semana, el Gobierno Nacional le ratificó a Antioquia su autoridad para ejercer la titulación y fiscalización minera y a la vez eligió a Zaragoza, Anorí, El Bagre y Yolombó para la implementación de una prueba piloto de erradicación del trabajo infantil en el sector minero.
También se anunció la firma, el próximo 31 de mayo, de Gramalote, el que será el proyecto de explotación aurífera a cielo abierto más grande del país, con epicentro en San Roque e influencia en Santo Domingo, Maceo, Cisneros, Yolombó y Caracolí.
La empresa que lo desarrolla es Gramalote Colombia Límited, que garantizará un plan de intervención integral con mínimo impacto ambiental, generación de desarrollo sostenible, empleo, bienestar social, seguridad y formalización en la región minera.
Para la secretaria de Minas, Claudia Cadavid, confirmarle su competencia para otorgar títulos y ejercer la fiscalización, "es un voto de confianza hacia el gobierno departamental y su Secretaría por los esfuerzos realizados en la estructuración de una política integral de desarrollo minero".
Sobre Gramalote, Cadavid comentó que se pretende que este proyecto sea el promotor del cambio de vida de unas comunidades, "que se verán impactadas positivamente".
El alcalde de Anorí, Gildardo Roldán Foronda, comentó que la elección de su municipio traerá grandes beneficios, pues "siempre he creído que los niños deben estar en las escuelas gozando sus derechos al estudio y al juego".
Pero a la vez expresó que preocupan los cambios en la legislación, pues se adelantan procesos con base en normas que luego se caen y eso genera incertidumbre.
"Aún no se ha hecho un análisis a fondo del tema, pero lo fundamental es que cualquiera que sea la legislación, haya reglas claras sobre cómo van a formalizar la actividad minera, cómo hacer una explotación compatible con el medio ambiente y la responsabilidad social frente a los trabajadores de las minas", subrayó.
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