Los dineros destinados para atender la emergencia invernal no están sujetos a la Ley de Garantías. Así lo aseguró Jorge Londoño Saldarriaga, director de Colombia Humanitaria y quien fue vehemente en afirmar que las "disposiciones constitucionales" permiten que no se suspendan la entrega de ayudas para los damnificados por el invierno.
Posición que respaldó Aurelio Iragorri Valencia, viceministro del Interior y quien dijo que dicha ley hace la salvedad para que en situaciones de emergencia se puedan realizar contrataciones para atender estas problemáticas.
La Federación Colombiana de Municipios a su vez manifestó que hay una seguridad jurídica para que no se impida la llegada de los víveres y alimentos para los 3 millones de damnificados.
Según Colombia Humanitaria, los más de 300 mil millones de pesos que se han destinado para atender a los afectados, en mayoría provienen de recursos públicos.
De ahí la importancia deponer la lupa sobre la manera como en que son transferidos y ejecutados estos dineros.
"No se van a suspender las entregas. Y apoyamos y vemos con muy buenos ojos la labor que adelanta la Contraloría para que se garantice la transparencia en las entregas y no sean utilizadas por personas inescrupulosas con intenciones políticas", expresó Londoño Saldarriaga.
Ley de Garantías
La Ley 996 de 2005, donde quedaron depositados los estatutos de garantías electorales en el país, limita las contrataciones directas que puedan realizar los funcionarios públicos cuatro meses antes de las elecciones.
Caso que aplica para la contienda electoral del próximo 3o de octubre donde se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de las JAL en todo el país. Por eso la Contraloría General de la República señaló que las restricciones en la contratación operan desde la medianoche del miércoles 29 de junio.
Sin embargo, el Viceministro del Interior y de Justicia, explicó que dicha ley hace la siguiente salvedad:
"La Ley de Garantías ha exceptuado algunos casos de contratación directa, como los que están relacionados con la defensa y la seguridad del Estado, como los contratos de créditos públicos y los contratos requeridos para cubrir emergencias educativas, sanitarias y de transporte".
Esto se suma a la manera actual en que son destinados los recursos para atender la emergencia invernal. Dineros que se ejecutan a través de un trámite expedito por tratarse de una emergencia.
"De acuerdo a los procedimientos establecidos y por tratarse de un estado de calamidad en el que se encuentra el país, existe una reglamentación especial que habilita a quienes hacen esas contrataciones para que la realicen lo más expedita posible", reiteró Iragorri.
Es decir, que estos dineros están blindados, a través de estas dos disposiciones, para que puedan seguir llegando eficazmente a las regiones cuando entre en rigor la Ley de Garantías.
Seguridad jurídica
Para Gilberto Toro Giraldo, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, los recursos que son utilizados para atender a los regiones afectadas "no se ajustan a los requerimientos establecidos en la Ley de Garantías".
Y ante la incertidumbre de que fueran limitadas las entregas de ayudas por esta Ley, se convocó a una reunión entre los alcaldes de las principales ciudades y municipios del país con el presidente Juan Manuel Santos. "Esta situación se discutió en la reunión y nos informaron del Fondo de Calamidades que los recursos sí se iban a ejecutar", aseguró Toro Giraldo.
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