La semana pasada tuvo lugar en Medellín el Congreso internacional sobre la prevención del delito y el tratamiento a las personas privadas de la libertad, organizado por el INPEC y apoyado por agencias de las Naciones Unidas.
El Colombiano reportó el 10 de noviembre que el director del INPEC manifestó que las cárceles harán parte de un esquema de concesiones a partir de 2014. "La idea es presentar un proyecto de cómo concesionar cárceles en Colombia, una vez se tenga ese producto vendrán muchos inversionistas internacionales al país", dijo el director.
Con esa manifestación se anuncia que el parque penitenciario estará " for sale ". La respuesta a la crisis carcelaria no dependerá de la acción estatal sino de la lógica del mercado, es decir, del "business" penitenciario.
La decisión gubernamental de privatizar las cárceles es un error que pagaremos duramente. Si no se modifica esa decisión, la sanción penal estará regida por el mercado y no por la justicia. Que los inversionistas se hagan ricos a costa del sufrimiento de seres humanos es insensato.
El proceso de privatización será gradual. De hecho, inició hace algún tiempo. Las cárceles son sede de jugosos contratos en materia de alimentación: hay una población cautiva de unas 100.000 personas que comen tres veces al día, 365 días del año. Por ejemplo, el contrato de Bellavista le significa al contratista el pago por 21.000 comidas al día, todos los días del año. ¡No está nada mal el contratico!
Los valores de la empresa privada no casan con la dinámica de las prisiones. El interés de la empresa es ser rentable. A la empresa no le importan las vulnerabilidades de la población ni las repercusiones de su servicio sobre la seguridad. El problema es que la seguridad es dinámica y depende, en gran medida, de los servicios prestados; las quejas de los presos y las razones de sus protestas son, generalmente, por la calidad de los servicios.
La privatización de las cárceles se mueve bajo el argumento de que la administración de prisiones es la suma de servicios hoteleros y de seguridad. Supuestamente, se pueden separar los unos de los otros. Sin embargo, no hay nada más lejano de la realidad. Cuando los servicios "hoteleros" -la construcción, la alimentación, la lavandería o la salud- fallan, la prisión tiembla y la seguridad de todos (guardianes, presos y familiares de los dos grupos) se derrumba. No hay mejor ejemplo de los problemas que genera la privatización de servicios en prisión que el actual régimen de prestación de la salud. Caprecom argumenta que cumple con los parámetros de ley y del contrato. Dicen los voceros de la empresa que ya agotaron los dineros para medicamentos y exámenes; que los presos se quejan mucho; y que el negocio les genera pérdidas. Por su lado, los presos sufren la inasistencia y la guardia recibe toda la presión como resultado del servicio deficitario.
Puede ser que la empresa no quiera perder un peso, pero su lógica de ganancia tiene a las prisiones en jaque. Los presos requieren atención en salud especializada y abundante. El negocio no debería ser la causa de la salud o la insalubridad de los presos.
La privatización no tiene que ser una fatalidad; existen opciones. La conclusión más importante del Congreso internacional fue la necesidad de tomar decisiones transparentes y técnicas sobre la base del análisis del pasado, la exploración de las alternativas, y la consulta con el personal de custodia y vigilancia. Antes de seguir erigiendo adefesios que presentan riesgos de seguridad, aprendamos de los horrores de las cárceles construidas por consorcios que no conocen el mundo carcelario.
Dejemos que los "inversionistas internacionales" se concentren en otro campo. Evitemos que el castigo sea con ánimo de lucro.
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