El Gobierno Nacional adoptó, en los últimos días del año 2010, una serie de medidas tendientes a asegurar los recursos necesarios para afrontar la inmensa tarea que representa la reconstrucción y la adecuación de los daños ocasionados por la aguda ola invernal. Entre las medidas tomadas están: el ajuste al impuesto al patrimonio, la utilización de los recursos provenientes del impuesto del 4 por mil y la venta del 10 por ciento de Ecopetrol. Igualmente, se ha anunciado la utilización de un crédito con la banca multilateral y la flexibilización en el uso de regalías para atender los daños derivados del invierno.
Los recursos provenientes de los impuestos al patrimonio y a las transacciones financieras se dedicarán a la atención y la rehabilitación, que demandan de gastos corrientes e inmediatos. Por su parte, y siguiendo una clara lógica, se tiene previsto que, dado que los recursos de Ecopetrol proceden de la venta de un activo, los mismos le sirvan al país en la etapa de reconstrucción cuando se deben adelantar las grandes obras de infraestructura.
No obstante las críticas y los reparos que muchos analistas han expresado en torno al impuesto al patrimonio y al carácter antitécnico del 4 por mil, el Gobierno, frente a la magnitud de los daños ocasionados y los costos de la recuperación, y dado el hecho de que el Congreso acaba de aprobar una mini reforma tributaria, debió recurrir a estas alternativas. Es decir, agotadas las posibles fuentes de recursos, y evitando afectar de manera más amplia la estructura tributaria, el Ejecutivo optó por ajustar el impuesto al patrimonio y ampliar la vigencia del 4 por mil, dos tributos que, bajo otras circunstancias, no deberían aplicarse.
Los recursos provenientes de la venta de una parte de Ecopetrol, operación que deberá hacerse de manera ordenada y responsable para evitar causarle detrimento patrimonial a los inversionistas y a la propia empresa, serán vitales para que el país no sólo reconstruya la infraestructura afectada sino que emprenda la construcción de vías y obras de infraestructura necesarias para hacer de Colombia una nación más competitiva y, por ende, próspera. No debemos olvidar que es en esta área donde el país presenta los peores índices de competitividad.
Ojalá que en esta tarea no se eche a perder el propósito del ministro de Transporte, Germán Cardona, quien, recogiendo las recomendaciones de la Cámara Colombiana de Infraestructura, se propone no iniciar nuevas obras hasta que no existan los diseños definitivos.
La dimensión de los recursos que se tendrán que asignar en las tareas de atención, rehabilitación y reconstrucción, obligan al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para asegurar una utilización eficiente, eficaz y responsable de los mismos. El nombramiento del doctor Jorge Londoño como presidente de la Junta Directiva del Fondo de Reconstrucción, es un acierto pues no sólo su brillante carrera al frente del Bancolombia así lo demuestra, sino que, como se comprobó en el caso del FOREC, en estos asuntos se hace necesario contar con la capacidad empresarial de la que adolece el Estado.
La planeación, la priorización de las obra a ejecutar, la creación de mecanismos y procesos ágiles y eficaces, la transparencia y el bueno uso de los recursos, y la capacidad de rendir cuentas de manera permanente, son asuntos que, frente a la magnitud de los retos que se tienen, deben recibir la máxima atención en las tareas de los administradores de los recursos.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
