Desde el lunes empezó a regir el fallo de la Corte Constitucional que acabó con las millonarias pensiones a las que accedían algunos magistrados y congresistas. La decisión ordenó que ninguna pensión debe superar los 25 salarios mínimos vigentes.
En ese sentido, las empresas que tienen la responsabilidad de administrar este tipo de pensiones deberán llevar a cabo los reajustes pertinentes.
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