Luego de conocerse que la Procuraduría General de la Nación absolvió a la exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Marilú Méndez, del proceso que se le adelantaba por el escándalo de Fondelibertad, en la tarde de este martes la defensa de la exfuncionaria pidió se revoque la medida de aseguramiento en su contra.
Méndez actualmente se encuentra con prisión domiciliaria. Según la decisión del Ministerio Público, no se encontró evidencia que permitiera señalar que influyó ante el entonces director de Fondelibertad, Harlan Henao, para que familiares suyos fueran beneficiados con contratos en el fondo adscrito al Ministerio de la Defensa.
Se determinó que el contrato que algunos de sus familiares subscribieron fueron ganados luego de cumplir con los requisitos legales necesarios.
Por estos mismos hechos, a Méndez le fueron imputados por la Fiscalía los delitos tráfico de influencias y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo a los dicho por el abogado defensor, Óscar Guerrero, durante su solicitud, el hecho de que un proceso paralelo como el que se adelantaba en la Procuraduría la absolvieran, es razón suficiente para que se revoque la medida de aseguramiento, pues hoy no se cumple los requisitos para mantener la decisión judicial, como es el que constituya un peligro para la sociedad.
Hechos investigados por la fiscalía
Según la investigación de la Fiscalía, Méndez habría influido el entonces director de Fondelibertad, Harlan Henao, para favorecer a la sociedad Fares S.A.S. para una capacitación a la Policía Judicial, por medio del contrato 193-2009. Por valor de 51 millones de pesos. En otro contrato por valor de 99 millones de pesos, la exfuncionaria supuestamente influyó para favorecer a la firma Idrobo y Asociados, perteneciente a su exesposo Luis Idrobo Gómez.
La exdirectora también es acusada por el supuesto traslado de un personal de la Fiscalía General de la Nación de Cali a Bogotá para que dictaran la capacitación adjudicada a una de las firmas en la que intervino.
Al parecer, los gastos de traslado corrieron por cuenta de la propia Fiscalía, generando un detrimento de por dos millones ochocientos mil pesos a la entidad, trámite para el cual habría utilizado documentación falsa y que según la defensa de la exfuncionaria fue un dinero que ya se reembolsó.
La Contraloría también absolvió fiscalmente a Marilú Méndez, aclarando que esos contratos no causaron detrimento al Estado.
En la tarde de este martes la juez 31 de garantías de Bogotá, Olga Mercedes del Toro, definirá si deja o no en libertad a la exdirectora del CTI detenida desde el 26 de diciembre del 2011.
