Uno de los principales motivos de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición de varios ex jefes paramilitares tiene que ver con la necesidad de reparar a las víctimas y las cifras que entrega la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía así parecen ratificarlo.
Desde que comenzó el proceso hace cinco años, 807 familias han encontrado los cuerpos de sus seres queridos, a través de las exhumaciones.
En total son 2.324 los restos óseos exhumados que están a la espera de ser entregados a sus familiares. De ese número, 620 están identificados y esperan que sus familiares los reconozcan.
Estas cifras se quedan cortas al lado de la información que las autoridades han recogido sobre los hechos de violencia que dejaron centenares de muertos a lo largo y ancho del país y cuyas familias esperan la reparación por el daño causado.
Para el jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, esas cifras son un buen comienzo si se tiene en cuenta que antes del 2005 no se había confesado ni un solo hecho que diera lugar a la exhumación, a la reparación de las víctimas y a unos beneficios para los actores ilegales del conflicto armado.
Un informe conocido por Colprensa da cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Justicia y Paz, el cual ya está muy cerca de proferir las primeras condenas contra paramilitares.
El más reciente informe de esta unidad especial, con vigencia al 30 de marzo de 2010, señala que en todo el país se han encontrado 2.579 fosas y se han exhumado en total 3.131 cuerpos.
Estas cifras hacen referencia a los casi seis años que lleva en vigencia la ley, en donde los resultados han sido posibles por las confesiones y reconstrucción de hechos por parte de los ex paramilitares desmovilizados en sus versiones libres.
En dicho documento, la Fiscalía resalta que el haber encontrado a marzo 18 de 2008, 1.292 cuerpos en 1.086 fosas comunes es muestra de estar cumpliendo unos objetivos muy bien encaminados, que impulsan a la Unidad de Justicia y Paz a redoblar esfuerzos, pues a diario se siguen reportando por parte de familiares nuevas víctimas.
Exhumaciones
De las recientes confesiones hechas por el ex comandante del bloque Centauros de las Auc, Daniel Rendón Herrera alias "Mario", cuyo radio de acción fue Caquetá, Meta y Guaviare, la Fiscalía ya empezó la exhumación de 20 cadáveres en el Caquetá; labor que irá hasta el 18 de mayo.
Una vez los restos óseos estén en manos del grupo especial de la Fiscalía se procederá a la identificación de los mismos y luego se confirmará si corresponde a los mismos datos entregados por los ex paramilitares.
En el Caquetá han sido exhumados 76 cadáveres y entregados 8 a sus familiares.
En el Meta el número de exhumaciones ha sido significativo. Allí se han encontrado 304 cadáveres y 41 ya han sido entregados a sus familiares.
En el Guaviare se han exhumado 63 y entregado 13. Otros departamentos son Antioquia con 577 exhumaciones, Magdalena con 410, Putumayo 328, Tolima 70, Santander 79, Norte de Santander 97, Bolívar 108, Cundinamarca 67 y Valle 60.
Versiones libres
En las versiones libres rendidas por desmovilizados en la Fiscalía los ex comandantes paramilitares van reconstruyendo los hechos que terminaron con la muerte de cientos de personas.
En esas mismas versiones los implicados en los delitos confiesan el tipo de participación que tuvieron, con lo cual la Fiscalía realiza la imputación respectiva.
Cada uno de los hechos aceptados por los ex jefes paramilitares es verificado por la unidad de investigación de la Fiscalía para así continuar con el proceso.
La Corte Suprema ha decidido negar algunas extradiciones de ex jefes paramilitares que están cobijados por esta ley para evitar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas, no sin antes advertir que en caso de incumplir sus deberes el envío se podrá conceder.
El principal argumento de la Sala Penal tiene que ver con el riesgo de impunidad, pues sin los implicados en masacres, secuestros, torturas y demás delitos de lesa humanidad, no es fácil reparar a las víctimas.
Según la norma, si la persona está sindicada de algún delito en otro país no está obligada a declarar y así confiese, no sería cobijada por los beneficios que otorga la ley colombiana como es la pena alternativa de máximo ocho años de prisión.
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