Según nuestro marco jurídico, quienes hayan sido condenados por sentencia judicial, excepto en casos de delitos políticos o culposos, no podrán desempeñarse en ningún municipio como alcaldes ni concejales.
Pero el actual alcalde de Abriaquí, Luis Alfonso Salas Cardona, fue condenado penalmente a pena privativa de la libertad en el año 2002, por un juzgado del municipio de Frontino, por el delito de alzamiento de bienes (transferir bienes ficticiamente a terceros para que los acreedores no puedan cobrar su deuda), y ello no ha sido impedimento para que el señor, teniendo inhabilidades para ocupar cargos públicos, haya ejercido dos periodos como concejal de su municipio y ahora como primer mandatario.
Por tal motivo la Procuraduría ordenó la destitución definitiva de su cargo como alcalde municipal y le profirió una inhabilidad general por el término de diez años, para desempeñar cargos públicos, al considerar su actuación como falta gravísima.
Para el órgano de control, "el señor Salas Cardona actuó de manera negligente y descuidada, contraviniendo las normas que regulan el ejercicio de un cargo de elección popular, las cuales buscan que las personas en quienes el pueblo decide depositar su confianza a través del voto para dirigir los destinos de su municipio, cuenten con altos estándares de probidad". Salas "le mintió a Dios, al pueblo y a la ley".
¿Cuántos casos similares, sin detectar, existirán en Colombia?: muchísimos, pero nadie se da cuenta, a nadie le interesa, y el "vivo" que viva del "bobo".
Esto es contrario a la historia de muchos colombianos que son condenados por la justicia, que pagan sus penas, y luego en libertad se les vulnera su derecho al trabajo, a la igualdad, al buen nombre y la honra, porque quedan casi reseñados de por vida, por esta sociedad que no conoce de perdón y que tristemente termina arrinconando a la gente de bien, mientras los pillos hacen y deshacen.
Es el caso de un piloto comercial, la desaparecida Aces, expropietario de aeronaves, expiloto particular, y exconvicto, juzgado injustamente por lavado de activos cuando había cometido un delito menor, que ya pagó su pena y quien me abordó para denunciar las trabas que le ponen para entrar a su sitio de trabajo en el aeropuerto Olaya Herrera, puntualmente su señor gerente, Jorge Hugo Duarte Guzmán.
No le permiten renovar su carné de ingreso al aeropuerto por sus antecedentes judiciales, cuando al ingresar con sus datos a la página de la Policía, no se registran cuentas pendientes, porque ya pagó por lo que hizo, y repito, injustamente.
¿Dónde está el habeas data (para conocer sus antecedentes)?, ¿volvimos a la Roma antigua con las "capitis diminutio máximas "?
Esta persona presentó una tutela por estas violaciones, se notificó el 30 de septiembre, y hoy 11 de octubre, debe salir el fallo. Estaremos atentos.
Conseguir el abogado para presentar la tutela le costó a esta persona $1.500.000. ¿Qué pasará con los que no tengan este dinero?
Estas irregularidades en el Aeropuerto Olaya Herrera se están dando con muchas otras personas que también se han visto afectadas.
DE REMATE: trasgredir la ley en este país es tan fácil que por eso muchos no la respetan. Y abusar del poder sí que es fácil porque pocos conocen la norma, mucho menos sus derechos y deberes. Cosas de la Justicia….
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