Si, como el mismo Luis Alfredo Ramos Botero lo ha dicho, que él no firma contratos de infraestructura, ¿por qué la Contraloría General de la República decidió abrirle al mandatario un proceso de responsabilidad fiscal por presuntos sobrecostos de 4.592 millones de pesos en la celebración de cinco contratos de obras públicas de la primera emergencia vial que decretó su gobierno en el 2008?
Una fuente del ente de control le explicó a este diario que aunque lo que dice el mandatario seccional es cierto, la Contraloría está aplicando aquí la misma tesis que tiene en problemas jurídicos al actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a su antecesor, Luis Eduardo Garzón: "cuando uno es la cabeza de una administración, frente a los actos de esa administración tiene una responsabilidad por el control de tutela que ejerce sobre sus funcionarios".
Este no es un tema nuevo para la Contraloría, enfatizó la fuente, que prefirió mantener su nombre en reserva, porque con ese mismo fundamento se han tratado temas similares e incluso de mayor calado en otras regiones del país.
En el caso de Ramos Botero, también se le investiga por desatender las advertencias que dirigentes gremiales, políticos y medios de comunicación le hicieron sobre la existencia de un presunto 'cartel de la contratación'.
Sobre el particular, este diario inició el 27 de marzo de 2011 una serie de trabajos periodísticos, con una primera entrega titulada "Movidas maestras en asuntos de contratación".
El 17 de abril también se revelaron las intimidades de la que se conoce en el medio de los contratistas como la 'Alianza Humo', a través del informe "Sí hay 'cartel' de obras: empresario". Posteriormente, el 1 de mayo, se reveló cómo tres de las firmas que presuntamente manipulan contratos también participaron en la compra de un paquete de 6.000 millones de pesos en acciones de Fogansa, en un negocio que fue manejado por el entonces gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
El funcionario de la Contraloría confirmó que las investigaciones del ente de control responden, en parte, a las denuncias formuladas por EL COLOMBIANO, las cuales han contado con el respaldo de empresarios, dirigentes gremiales y expertos en materia de contratación. Así mismo, las indagaciones de la Contraloría obedecen a una solicitud de control excepcional de la Comisión Sexta del Senado de la República, sobre los contratos de obras públicas e infraestructura, incluidas las urgencias viales, desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, por parte de la Gobernación de Antioquia, así como la contratación que con recursos públicos hizo la Fundación para el Buen Gobierno.
El caso Ramos
Según el comunicado oficial que expidió ayer la Contraloría General de la República, la investigación cubre al gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; a su secretario de Infraestructura (Mauricio Restrepo Gutiérrez y a quien le haya tocado liquidar esos contratos), y a los contratistas Unión Temporal Vías Antioquia y Consorcio Vial 08.
En cinco contratos adjudicados a estas firmas, el "ente de control encontró diferencias entre los valores pagados y los valores calculados y actualizados mediante el Índice de Costos de la Construcción, que ocasionaron el sobrecosto de más de 4 mil millones de pesos".
En el contrato para atender la emergencia vial del Suroeste el presunto daño supera los 1.279 millones de pesos; en el del Oriente, pasa de 716 millones; en el del Norte, es de 1.376 millones; en el del Nordeste, 101 millones, y en el de Occidente, supera los 1.118 millones.
El gobernador Ramos Botero, a través de su oficina de prensa, dijo que atenderá todos los requerimientos de la Contraloría.
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