La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del representante a la Cámara por Bogotá Rubén Darío Salazar.
La decisión se produce ocho días después de que el Alto Tribunal ordenara la captura de este parlamentario a quien se le atribuye el delito de concusión, por haberles pedido dineros a los miembros de su unidad de trabajo legislativo UTL.
Esta determinación obliga a que el congresista continúe privado de la libertad.
Antes de su captura, el 2 de junio pasado, Salazar había sido cobijado con una medida de aseguramiento consistente en la colocación de la manilla electrónica, tras ser señalado de trasteo de votos de Villavicencio a Bogotá.
