Así lo expresa un informe de la organización Transparencia Internacional en el que se afirma que “las acciones del Gobierno colombiano para evitar que las compañías multinacionales sobornen para hacer negocios son aún muy incipientes y presentan varios retos”.
En este informe se muestra un análisis hecho por Transparencia Internacional sobre los avances de diversos países en el cumplimiento de la Convención Anti-Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esta convención pretende detener la práctica de algunas compañías multinacionales de sobornar a gobiernos extranjeros para, por ejemplo, ganar contratos, obtener licencias o evadir impuestos y legislación local.
En el caso colombiano, el informe señala que si bien en el sistema jurídico nacional se establecen penas carcelarias considerables (9 a 15 años no excarcelables), las sanciones financieras son muy bajas con relación el gran poder económico de empresas transnacionales y sus funcionarios. De acuerdo con el informe, la sanción para una persona natural puede estar entre $58’950.000 y $117'900.000.
Además de esto, no se encontraron mecanismos en la legislación colombiana para que una compañía, como persona jurídica, pueda ser sancionada por soborno transnacional.
El informe también critica la falta de información pública sobre corrupción en la Fiscalía General de la Nación, diciendo que éste “no cuenta con un sistema abierto de información con estadísticas claras sobre investigaciones en las diferentes modalidades de corrupción”.
Sobre el manejo de fondos, también se señala la inexistencia de fondos para investigación de casos de soborno extranjero tanto en la Fiscalía como en la Policía Nacional, “lo cual limita la persecución del delito”. De acuerdo con Transparencia Internacional, estos recursos solo se asignan cuando se ordena iniciar un proceso penal en contra de alguna compañía o un particular.
Ante la situación presentada en este informe, la organización Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de Transparencia Internacional, recomendó fuertemente fortalecer las normas y priorizar las actividades contra el soborno extranjero en las transacciones comerciales internacionales.
Esto es más importante aún, si se toma en cuenta que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene como política principal, el fomento a la inversión extranjera en Colombia y del capital de este país en el exterior, además de los Tratados de Libre Comercio que ha negociado con varios países.
En cuanto a las autoridades judiciales, Transparencia por Colombia recomienda a Fiscalía “comenzar por recopilar, sistematizar y publicar la información”, porque “sin información será difícil diseñar e implementar medidas para combatir este delito”.
Situación en otros países
A nivel internacional la situación no está mucho mejor, ya que de los 40 países firmantes de la Convención Anti-Soborno, hay 30 que no hacen mucho para contrarrestarlo. Según el informe, los países que mejor han adoptado los parámetros de la Convención son los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Suiza.
A estos les siguen Italia, Australia, Austria y Finlandia que realizan un seguimiento moderado a que sus compañías cumplan con la Convención. Siguen otros países en los que el seguimiento que se hace a estos casos es muy limitado y son Francia, Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Hungria, Sudáfrica, Argentina, Portugal y Bulgaria.
Entre los países firmantes de la convención que hacen muy poco o ningún esfuerzo para contrarrestar este problema están Japón, los Países Bajos, Cores del Sur, Rusia, España, Belgica, México, Brasil, Irlanda, Polonia, Turquía, República Checa, Luxemburgo, Chile, Israel, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia, Nueva Zelanda y Estonia.
Cabe aclarar que Colombia no sale en este listado, ya que la Convención solo entró en vigencia en este país en el 2013, varios meses después de realizado el examen plasmado en el informe.
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