Tras el anuncio de la declaratoria de emergencia carcelaria, el Gobierno sacó ayer su primer as bajo la manga al firmar un convenio con el Ejército para la construcción de 10.000 cupos para personas condenadas que estén en condiciones de mediana y mínima seguridad.
Esto se logrará con la construcción de cárceles en colonias agrícolas en siete lugares del país, entre los cuales están Acacías, Tierralta, Yopal, Medellín y Fusagasugá.
Así lo anunció ayer la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien recordó que desde hace meses el Gobierno viene diseñando estrategias para combatir el hacinamiento en las cárceles y esa es una de esas medidas inmediatas.
"Antes de decretar la emergencia, el Gobierno Nacional ya había destinado 100.000 millones de pesos adicionales al presupuesto que este año tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Hemos hecho todo lo que esté al alcance para superar esta situación", explicó la ministra.
Las otras medidas que tiene listas el Gobierno son 2.000 nuevos cupos que estarán disponibles en mitad de año en Guaduas y, además, indicó Correa, que el Inpec viene trabajando en la readecuación de 7.000 cupos en los centros de reclusión existentes.
Pero entonces, ¿qué permitirá la emergencia carcelaria?
En palabras de la ministra, con la declaratoria de emergencia se busca agilizar los trámites administrativos, realizar contratación directa, contar con la colaboración de las entidades territoriales para resolver los temas de salud y hacer efectivo el traslado de internos.
Sin embargo, la propuesta no cayó muy bien en algunos sectores como en la Defensoría del Pueblo, que inmediatamente criticó la decisión.
Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, dijo a este diario que la declaratoria "no sirve de nada" y recordó que es de carácter administrativo, por eso insistió en la declaratoria del estado de emergencia social, ya que "es la figura indicada para afrontar la actual situación, porque le permite al presidente tomar medidas de carácter extraordinario", como ampliar el número de jueces de ejecución de penas y modificar el sistema judicial penal.
Frente a la propuesta de Otálora, la ministra Correa contestó que acudir a un estado de excepción supone el agotamiento de todas las medidas que la administración tiene en sus manos. "El Gobierno está agotando todos los recursos. Vamos a esperar el resultado de esta medida ya que es posible que sea suficiente. A esto va unido el nuevo Código Penitenciario que cursa en la Cámara de Representantes".
El constitucionalista Juan Manuel Charry recordó que la más reciente emergencia social que un gobierno declaró por un tema carcelario fue en 1992. "Esta es una emergencia de menor nivel que está prevista en la ley para el administrador de las cárceles. Estamos en una emergencia de rango legal y no en una emergencia de rango constitucional".
A su turno, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez Contreras, explicó que la propuesta del defensor Otálora de ampliar el número de jueces de ejecución de penas se ha hecho varias veces, "lo que hay que entrar a revisar son los procedimientos de trabajo en los juzgados, las maneras de trabajar porque muchas son muy obsoletas. Eso necesita una reingeniería".
Frente a la declaratoria de emergencia, señaló que servirá, por ejemplo, para la construcción de cárceles: "Esto sería útil para bajar un poco el nivel de hacinamiento, pero no sé qué tan hábiles sean las instituciones para hacerlo".
El magistrado Ramírez recordó que hay casos en Latinoamérica de cárceles de altos niveles de hacinamiento que han terminado en tragedia, como en Venezuela, México, Salvador y Perú, porque "llega un momento en el que el amotinamiento genera tragedias terribles y mueren presos. Esto puede suceder en cualquier momento en una cárcel colombiana".
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