Hugo Chávez está cada vez más cerca de cumplir su histórico anhelo de tener una milicia popular leal y exclusivamente para él.
Esta vez, la estrategia del mandatario consistió en modificar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de su país para legalizar las milicias populares y otorgarles rango militar.
Ese poder "legislativo" que le otorgó al Presidente la saliente Asamblea Nacional (de mayoría oficialista), hizo que la Milicia Nacional Bolivariana reemplazara a la reserva del Ejército y así, según el mismo Chávez, "se lograra la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo".
Así las cosas, Venezuela tiene hoy 117.000 militares y 120.000 civiles voluntarios (y próximamente armados), "dispuestos a defender la revolución bolivariana". En su mayoría, amas de casa y jubilados que reciben entrenamiento militar los fines de semana.
La ONG venezolana Control Ciudadano, especializada en temas militares, aseguró que la modificación de la ley, que ya entró en vigencia, es un paso más para crear una guardia pretoriana al servicio del gobierno y no del Estado.
Todo esto dentro de la concepción de Chávez, según la cual los venezolanos deben estar preparados para enfrentar una invasión extranjera debido a las ingentes reservas petroleras del país.
La nueva enmienda de la ley, la cuarta en cinco años, establece que cualquier civil sin profesión militar, siempre que esté inscrito en la tolda de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, podrá inscribirse y llegar a obtener el grado de oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La Milicia Nacional Bolivariana tiene entre sus objetivos concretar la unión cívico-militar, uno de los proyectos de Chávez descrito en el Plan Nacional Simón Bolívar.
Militares retirados contrarios a Chávez opinan que al conceder rango militar a las milicias, el presidente Chávez busca tener un cuerpo de combatientes que puedan responder a sus órdenes en caso de que la estructura militar tradicional le quite el apoyo, como ya ocurrió el 11 de abril de 2002, en vísperas del golpe de Estado del empresario Pedro Carmona Estanga.
Uno de los artículos de la reforma detalla que los oficiales de carrera, independientemente de su grado o antigüedad, estarán subordinados a quien detente el mando y que éste, a su vez, reportará directamente al Presidente de la República.
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