La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer la nueva ley del Distrito Capital que despoja al alcalde metropolitano de varias de sus competencias para ser transferidas a un funcionario federal, designado por el presidente del país, Hugo Chávez.
La aprobación tuvo lugar en medio de protestas de opositores que denunciaron que la regulación busca afectar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, un acérrimo crítico del presidente Hugo Chávez.
La Asamblea, integrada en su mayoría por oficialistas, aprobó en segunda discusión la ley que faculta al presidente Chávez para designar un "jefe de gobierno para Caracas... en virtud, de que en ella reposa el asiento de los órganos del poder nacional".
La ley también faculta al funcionario designado por el presidente a "realizar el control sobre los entes de la administración descentralizada en el distrito Capital".
El diputado opositor Ismael García denunció la ley como regresiva porque le quitó a los caraqueños el derecho a elegir. "Este jefe de gobierno de facto será el gobernador de Caracas. Chávez quiere someter bajo su control a todos los sectores del país. Como no pudieron con los votos retener la alcaldía (metropolitana), entonces por se tomó el atajo de quitarle competencias y dejar la alcaldía como una figura decorativa mediante un adefesio legal", dijo García, quien denunció que Chávez y sus aliados en la Asamblea buscan "boicotear" a los gobiernos opositores para evitar que se conviertan en una fuerza política importante.
En los comicios regionales de noviembre los candidatos aliados a Chávez lograron 17 de las 23 gobernaciones del país, pero la oposición aumentó capital político al obtener los cinco mayores estados, y cinco de las seis alcaldías de la capital.
El diputado oficialista Carlos Escarra afirmó que "es una gran falsedad que el distrito metropolitano desaparece. Seguirá funcionando como un organismo de coordinación".
Desde finales de 2008 el gobierno de Chávez comenzó a emitir decretos para retirarle las competencias de los gobernadores opositores en hospitales, aeropuertos, puertos y autopistas, y limitar así sus gestiones.
Durante la década de los 90 se inició en Venezuela un proceso de descentralización que le permitió a los gobiernos regionales asumir el manejo de autopistas, puertos, y aeropuertos, así como la creación de impuestos para lograr la independencia del Ejecutivo.
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