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Botines de una guerra que no acaba

Terminales, canchas y armas son trofeos para combos. Séptima entrega de la serie “Medellín: retrato de un conflicto”.

  • Ilustración Esteban París
    Ilustración Esteban París
01 de junio de 2013
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No fue el rugido de la moto al invadir el fortín enemigo, ni la llanta trasera raspando el pavimento en su frenada, lo que advirtió del peligro inminente a Mauro*. Fue la frase de victoria anticipada del mercenario la que activó la adrenalina de su cuerpo: “¡Estas gonorreas no las creen!”.

El muchacho de 26 años giró la cabeza bruscamente, para quedar en la mira del parrillero y su pistola 9 milímetros. Cuando la muerte aparece, los segundos se estiran como dando una última oportunidad, y en cuestión de uno solo Mauro botó el trapo con el que lavaba el bus y se vio a sí mismo corriendo a lo fiera desbocada por el callejón que conduce a su casa.

Pero nadie es más veloz que una bala y tres de ellas se lo recordaron al traspasar la carne de sus piernas y espalda. Las 9:00 a.m. del 13 de noviembre de 2012, en la terminal de buses de la ruta 093 de Caicedo, no era la hora, ni el día ni el lugar destinado para el final de su historia, por eso el aliento le alcanzó para llegar a su rancho y esperar a que los amigos descargaran un carro de arepas para llevarlo al hospital. “Me tuvieron que sacar el bazo, ¡me salvé fue de pura chimba!”.

El sobreviviente recuerda la hazaña rodeado de otros lavadores en esa terminal de la carrera 9 con la calle 55 del barrio Villa Liliam, un lugar que los combos consideran un trofeo de la guerra territorial que hace tres décadas se libra en Medellín. Es un sitio estratégico sobre la vía que conecta a Tres Esquinas con La Sierra y paso obligado para el transporte público.

“La banda de ‘Frank’, que operaba en el Doce de Octubre en los noventa, fue pionera en defender los ‘cuadraderos’ como una preciada posesión, al punto que se convirtieron en propietarios de varios vehículos, hasta que la gente de ‘Berna’ los exterminó en 2002”, dice Dairo*, un investigador judicial curtido en el estudio del crimen organizado. Habla con tono de misterio, en otro lado de la ciudad, rememorando anécdotas de los botines del conflicto urbano.

Los automotores particulares también son codiciados, sobre todo si antes pertenecieron a personas reconocidas. En medio de una atronadora balacera en el barrio Popular Uno (09/4/09), entre los combos de “La Galera” y “La 38”, que dejó seis occisos, un Montero Mitsubishi rojo terminó estrellado contra una tienda, muriendo su conductor y un peatón inocente cuyo sino era estar parado ahí.

Dairo cuenta que el campero con placa de Montería había pertenecido a “Doble Cero”, el comandante del bloque Metro de las Autodefensas, quien hasta 2003 asoló el oriente de Medellín. Lo mataron en 2004 y su carro quedó en poder de la “la Oficina”.

El 03/10/10 la Policía confiscó otro trofeo con ruedas en el barrio Campo Valdés N°2, una fastuosa camioneta Ford Explorer blindada, de $200 millones, conducida por un albañil que apenas había estudiado la Primaria.

La “nave” había sido rematada por la Alcaldía dos años atrás, se la hurtaron al nuevo dueño (28/7/10) y ahora la usaba el combo de “la Yegua”, de Manrique. Lo insólito es que conservaba la placa oficial de la Administración, lo que permitía a los delincuentes evadir requisas y entrar fácil a instalaciones estatales.

Caballos, mujeres, propiedades, motos, cerros y vías complementan el botín que se disputan las 276 estructuras que delinquen en el Valle de Aburrá; incluso relojes, como los que colecciona un sicario de la comuna 8, sustraídos a los hombres que ha matado. “Ya tiene como 18”, narra Esneider*, un ciudadano que abandonó el bajo mundo después de caer a la prisión.

La guerra y el águila
Veintiséis días después del ataque en el que quedó herido Mauro, los enemigos regresaron al terminal de la 093. “Se robaron un colectivo (microbús) de La Sierra y pasaron por acá sin que nos diéramos cuenta, llegaron a un policía acostado, bajaron la velocidad y empezaron a dar bala”.

Pocho* recuerda el caso señalando la acera donde cayeron el lavador de carros Róbinson Restrepo, de 20 años, y Genaro Soto, de 50 (09/12/12). “A ellos dos los mataron, y hubo dos heridos, entre ellos yo, mire”, se queja mientras enseña la cicatriz con forma de ojo que le dejó un balazo en la pantorrilla derecha.

Los cuatro terminales de la ruta de Caicedo, ubicados en las comunas 8 y 9, son codiciados por las organizaciones “los Urabeños” y “la Oficina”, de allí que los combos aliados con unos y otros sostengan una continua disputa con incursiones de sicarios a la zona, ataques con granadas y hostigamientos a distancia con armas de grueso calibre.

Mientras la vecindad del sector La Cañada se queja de las balaceras desde los cerros, generadas por “los de arriba”, la gente de La Sierra denuncia que está encerrada, porque “los de abajo” les impiden salir del barrio montando retenes a los taxis, motos y colectivos.

Según Pocho, quien también lava carros, en el “cuadradero” de la 093 parquean 22 buses. El trofeo es el cobro de vacunas a estos vehículos y a los locales de la periferia.

El Informe de Riesgo 008-13 emitido el pasado 6 de marzo por la Defensoría, acerca de las violaciones a los derechos cometidas en  Medellín, reza que en la comuna 8 (Villa Hermosa) hay 120 buses y cada uno paga a los combos, en promedio, $300.000 mensuales. Esa renta criminal, de $432 millones al año, se pelea a sangre y fuego.

Otras terminales asediadas son las de Calasanz, San Javier, San Antonio de Prado, Doce de Octubre y San Cristóbal, a cuyas rutas les mataron conductores, administradores y alistadores en los últimos cuatro años.

Una situación semejante ocurrió en el barrio El Chagualo, escenario de una cruenta guerra en 2011. Ahí abundan el comercio y los talleres, otra jugosa fuente de financiación que disputaron “las convivires” (bandas)  del Centro.

El detective Castellanos*, experto en bandas, indica: “lo que llama la atención es la manera en que mataban a la gente: los incineraban, los ahogaban con aceite de motor o los descuartizaban, eso sí, a todos los tiraban en la misma manzana del sector (alrededores de la avenida Regional con la calle 61), como si hacerlo fuera un trofeo que se dejaba en la zona del rival”.

El 30/8/11 abandonaron los restos de un prójimo decapitado en dos costales, y el 09/9/11 hallaron en una alcantarilla un cadáver con rocas encima y lubricante de carro inundando sus  entrañas. Eran mensajes intimidantes para alias “Chemín”, el cabecilla de “El Chagualo”, quien tuvo que entregar la zona y refugiarse en el corregimiento Altavista.

Hasta allá lo persiguió la historia de otro premio bélico: la mítica pistola Desert Eagle (Águila del Desierto).

El arma, cuyo uso civil está prohibido en muchos países, tiene mecanismos propios de un fusil, capacidad para munición calibre .50AE y a una distancia corta traspasa el blindaje. Es pesada y requiere experticia del usuario, los más “fafaracheros” la han usado para matar elefantes en África.

Esneider, quien por muchos años perteneció a la delincuencia organizada, sostuvo un ejemplar en sus manos. “Me la ofrecieron por $10 millones en Medellín, estaban embalados con ella. Al final se la vendieron en $7 millones a James, un man de la banda ‘Pachelly’, y le encimaron una Pietro Beretta y un fusil MP5”.

James, alias “la Araña”, solo disfrutó un año la pistola, cargándola orgulloso en la pretina. En 2010 un sicario del combo “El Desierto” lo cazó en el barrio Niquía, de Bello, y se apropió de la “joya”. Luego su organización fue exterminada a finales de 2011 y el mercenario halló guarida en Altavista, con “los Urabeños”.

El precio de la protección, acota Esneider, fue la Desert Eagle, recibida por el grupo de “Chemín”, el sobreviviente de las atrocidades en El Chagualo.

La Fiscalía lo arrestó y paga una condena de siete años por concierto para delinquir, en la cárcel El Pedregal. De la pistola no se volvió a saber y en las escenas del crimen no han hallado vainillas de su calibre, pero Esneider asegura que sus pelaos la mueven por los recodos montañosos de Altavista.

El tesoro de las canchas
“Estaba en pleno partido, cuando esa gente entró rodeando por punta y punta, disparando a la loca, eso fue miedoso”, manifiesta Olegario*, sentado en la tribuna de la cancha La Maracaná, en Castilla, soportando las impertinentes gotas de lluvia.

En la noche del 26 de julio de 2012 no se gritaron goles en ese escenario deportivo, sino súplicas y desgracias, por una acción sicarial que dejó cinco muertos y seis heridos.

Fue un sufrimiento igual al padecido por el deceso de cuatro personas en la cancha de Barrio Cristóbal (01/4/13), de otras tres en la de Buenavista (05/8/12), tres en Francisco Antonio Zea (20/12/11) y tres más en la arenilla de El Danubio (26/4/09).

Los escenarios futboleros, epicentros de la vida social en las comunas, son también un tesoro para las bandas. En algunos casos sustraen rentas ilegales por el microtráfico de droga en ese espacio, en otros cobran por dejar jugar y en general les sirve para fortalecer su hegemonía entre la población. La Maracaná, explica Olegario, está rodeada por “los Machacos”, “los Mondongueros” y “los Bananeros”. Estos últimos no permiten el cobro de vacunas en los alrededores, pero la vecindad teme que esa situación pueda cambiar.

“Ya estamos viendo a ‘los Urabeños’ cerquita, vienen de San Cristóbal y Aures. En las otras comunas donde ellos están (Villa Hermosa, Belén y San Javier) hay mucha violencia, con ellos es otro tipo de guerra”, advierte David*, un residente que ha seguido la conversación en la tribuna.

Su pálpito es confirmado por los policías que custodian el lugar. “‘Los Urabeños’ van bajando desde San Cristóbal y quieren coger la zona por las extorsiones y las plazas de vicio”, confiesa uno de los uniformados.

En la terminal de la 093, Mauro y Pocho enseñan las cicatrices que les dejó el tropel de pandillas. Miran con desdén al sector El Morro, en la montaña vecina, y aseguran que desde allá les disparan con fusil. “Ojalá le tiraran una bomba nuclear a ese morro, ahí sí viviríamos bueno”, añora entre risas otro lavador de buses en la tertulia.

Todos coinciden en que ninguna herida es tan escabrosa como la de Gerónimo*, a quien ven acercarse con rostro curioso. Pocho tiene expuesta la cicatriz con forma de ojo de su pantorrilla, y el recién llegado quiere tocarla, pero le falta el índice derecho. Un proyectil se lo destruyó.

“La guerra por este terminal es antigua, me tocó cuando eran los milicianos del Eln contra los paracos de ‘Alberto’. Tenía 21 años, el 4 de julio de 2001, cuando pasaba por aquí fumando, y un ‘fusilazo’ me voló el dedo. La bala también me entró por la clavícula y me tiró al piso, donde oí los otros siete tiros, que no me dieron”.

Gerónimo se levanta la camisa y muestra el hundido junto al hombro derecho. Mauro se hace al lado y presenta las “chambas” de su abdomen, son dos sobrevivientes del mismo conflicto, uno lesionado hace años, el otro hace meses. Las marcas son una firma del enemigo y ambos son conscientes de la amenaza: “Esa gente tiene ansiedad por este lote, ellos dicen que lo cogen como sea”.

*Identidades protegidas.

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