Los únicos que siguen ganando con las protestas y los desórdenes públicos en Tarazá y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, son las guerrillas y las bandas criminales. Esas imágenes del caos que pretenden imponer los violentos no reflejan los legítimos intereses de un sector minero que pide al Gobierno reconocer su trabajo artesanal como fuente de supervivencia.
Lo más urgente es que esos mineros, que dicen estar al margen de los disturbios y los ataques contra la Fuerza Pública y de los propios habitantes del Bajo Cauca, denuncien a los infiltrados y a quienes persisten en las extorsiones y las amenazas contra ellos mismos. No son nuevas, esas imágenes las hemos visto ya varias veces: detrás de cada manifestación social aparecen los vándalos y los saqueadores, pagados como se reconoce en Caucasia, por personajes con oscuros intereses y no pocas veces vinculados a grupos ilegales y narcotraficantes.
Los esfuerzos institucionales por recuperar la seguridad de una zona estratégica para el país y el Departamento no pueden darse al traste, porque los más perjudicados serán los propios mineros.
Los millonarios recursos invertidos en planes de sustitución de cultivos ilícitos, sumados a una ofensiva militar y policial contra la guerrilla y las bandas criminales en el Bajo Cauca, donde los índices de homicidios se han reducido más del 50 por ciento en los últimos meses, demuestran que la mejor salida a los graves problemas sociales no pasa por la connivencia con los violentos, sino por la confianza y la colaboración con las autoridades.
El país está en mora de superar, de una vez por todas, la perversa costumbre de querer solucionar sus conflictos por las vías de hecho o, como ocurre también con frecuencia, a través de promesas que después se incumplen y generan nuevas protestas.
La voluntad de diálogo que han ofrecido tanto el Gobierno Nacional como el Gobernador no puede ser vista por quienes protestan como una debilidad, sino como la oportunidad para comenzar a resolver parte de los históricos problemas sociales y económicos que mantienen en el atraso a una de las regiones más ricas y promisorias del país. Y lo primero, sin duda, es cortar los hilos que los delincuentes han tratado, y tratarán, de mantener para defender sus jugosas actividades ilícitas.
La locomotora de la minería que está impulsando el Gobierno debe pasar también por el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños con aires de inversión social y con alternativas de empleo formal que permitan a sus habitantes llevar una vida digna.
Los buenos ejemplos que se tienen en relación con la sustitución de cultivos ilícitos en zonas como Anorí, donde los campesinos ya están comercializando sus productos en las grandes superficies, podrían replicarse también en otros sectores como el minero. Paralelamente, el Gobierno debe avanzar, no a la velocidad de una locomotora, sino de jet, en la formulación e implementación de una política minera y ambiental seria y consistente con las necesidades de desarrollo y de inversión extranjera, y con las expectativas de las comunidades.
Hay que llegar a un acuerdo, pero no bajo mecanismos de presión indebida aceptando la violencia y cohabitando con la ilegalidad. De lo contrario, cada cierto tiempo y quizás con más insensatez, volveríamos a ver las mismas imágenes que hoy nos llegan desde el Bajo Cauca. Es hora de cerrar las vías de hecho.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
