Las cárceles del país están atestadas. No cabe un interno más. Personas investigadas permanecen hacinadas junto con otras ya condenadas judicialmente. Incluso las Inspecciones de Policía se encuentran a reventar, con cientos de retenidos por los más disímiles comportamientos.
¿Cómo es que en uno de los países con mayor impunidad en el mundo, con un sistema jurisdiccional penal tan deficiente, estamos abarrotados de presos, y diariamente la policía captura, en flagrancia o tras labores de inteligencia, a muchos más?
¿Cómo es que si la percepción ciudadana es que “aquí sueltan a todo el mundo”, no hay dónde ubicar más detenidos?
Hay varias explicaciones. Una, obvia: hay pocas cárceles para tanta delincuencia. En la última década se han construido varias, pero el ingreso masivo de procesados y condenados deja el sistema penitenciario siempre a tope.
La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, inició la semana pasada un recorrido por las cárceles del país. En sus primeras gestiones al frente de su cartera ha sabido comprender la bomba de tiempo que no sólo ella y el Gobierno, sino todo el país, tienen con un sistema penitenciario colapsado.
Encontrará la Ministra un estado de hacinamiento inhumano, desde cualquier punto de vista. En las cárceles conviven delincuentes que han provocado daños irreparables a ciudadanos concretos y a la comunidad, con otros que por errores humanos sufren dramas personales indescriptibles.
Según el Inpec, “la situación de hacinamiento ha venido aumentando gradualmente durante los últimos años, en especial tras la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha aportado (sic) este año 23.000 nuevos internos”.
En efecto. Nuestra realidad es esa: la sociedad pide cárcel para las más diversas conductas, sobre todo cuando son elemento de escándalo televisivo. El Congreso se apura en dar gusto, y convierte esas conductas dañinas en tipos penales (delitos), casi todos castigados con cárcel.
Las alternativas a la privación de la libertad (multas, trabajos comunitarios, etc.) se desechan para satisfacer el ansia de pedir cárcel para todo. Hay conductas que, ciertamente, son contrarias al comportamiento cívico, pero que no se justifica volverlas delito. Un énfasis en la educación ahorraría muchos desafueros de la ley penal.
Pero independiente de estudios criminológicos, se opta por la cárcel como única solución para los más plurales problemas.
Precisamente la señora Ministra encontró en su despacho, al tomar posesión, el Informe Final de la Comisión Asesora de Política Criminal, que entre otros aspectos -muchos de ellos polémicos y controvertibles- hace un diagnóstico crítico de cómo se legisla con criterios criminológicos muy equivocados.
Dice la Comisión que tanto los gobiernos como el Legislativo se apuran en mostrar resultados en la lucha contra la criminalidad, legislando sin tener en cuenta datos empíricos que permitan adecuar las nuevas normas penales a una buena política criminal.
Pues bien, en criterios de buena política criminal deberán apoyarse el Ministerio de Justicia y el Inpec para descongestionar las cárceles.
Hay que analizar con atención, sin descalificarla de entrada, la propuesta de enviar a prisión domiciliaria a algunos internos. No podrían ser personas condenadas por graves delitos de sangre, o contra la integridad sexual, por ejemplo.
Ya es un buen síntoma que la Ministra esté encima del problema. Enfrentará muchas críticas, y graves escollos en el Inpec, a pesar del hercúleo esfuerzo de su director, general Gustavo Ricaurte, por hacer viable una entidad inmanejable.
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