Con su empresa prestadora de servicios audiovisuales, 64A Films, Diego Ramírez ha realizado películas como Perro come perro, Matar a Jesús, Todos tus muertos, 180 segundos, Ciudad delirio. Para abril tenía planeado estrenar dos largometrajes, Lavaperros y Ángel de mi vida, aunque la pandemia pospuso el lanzamiento. Le debe gran parte de la realización de estos proyectos a los beneficios tributarios a donación o inversión en producción cinematográfica.
Esta compañía productora de cine, televisión y publicidad ha recorrido con sus proyectos más de 300 festivales internacionales, con decenas de premios y proyecciones en plataformas como Netflix, HBO, Fox, Sony, Canal+ y Televisión Española.
Desde 2005 se ha beneficiado de la Ley 814 de 2003, conocida como Ley de Cine, que, entre otros beneficios, otorga un 165 % descontable del impuesto de renta de empresas o individuos por el periodo gravable en que se realice la inversión o donación. Esto quiere decir que por cada peso que se aporte se reportan 1,65 pesos como gastos en la declaración, con lo que disminuye la carga tributaria.
En el primer año de la creación de la Ley (2004), tan solo dos películas recibieron inversiones; en 2019, hubo 50 producciones, cortos y largos, que recibieron el estímulo. Solo el año pasado fueron donados e invertidos cerca de 50.000 millones de pesos para hacer filmes. En total, en lo que va de la Ley se han hecho 1.798 inversiones y 107 donaciones a 303 producciones audiovisuales nacionales y los inversores han recibido una devolución cercana a los 300.000 millones de pesos.
Jaime Tenorio, director de cinematografía del Ministerio de Cultura, indica que para la reactivación del sector, además de los mecanismos creados por la Ley 814, está la Ley 1556 de 2012 que, con el decreto 474 de este año, “se amplía a otros formatos audiovisuales, además del cinematográfico”.
Este es un año atípico porque desde marzo no hay rodajes; sin embargo el beneficio sigue abierto para productores de filmes que quieran reiniciar.
