El Consejo de Estado se prepara para resolver un litigio que podría derivar en una indemnización superior a 1.400 millones de pesos a favor de Vladimir Fernández Andrade, actual magistrado de la Corte Constitucional. El alto tribunal deberá decidir si confirma o no la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en 2022 condenó a la Contraloría General de la República por los perjuicios ocasionados al mantener vigente durante años un proceso de responsabilidad fiscal contra el entonces funcionario.
Fernández demandó a la Contraloría alegando daños morales y materiales tras permanecer cinco años vinculado a una investigación fiscal que congeló su salario por más de cuatro años. El caso se remonta a su gestión como secretario jurídico del Invías entre 2003 y 2006, en el primer gobierno de Álvaro Uribe.
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En ese periodo, avaló una conciliación con la empresa Conigravas S. A., decisión que derivó en un proceso de repetición y posteriormente en la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento de 13.000 millones de pesos.
La Contraloría ordenó en 2012 el embargo de las cuentas de Fernández, medida que se extendió hasta 2016, a pesar de que el proceso fue archivado a su favor en 2015. Según la demanda, esa situación afectó su patrimonio, su reputación y su “buen nombre”, razón por la cual reclama una reparación económica.
El fallo de primera instancia del Tribunal de Cundinamarca le dio la razón al hoy magistrado y condenó a la Contraloría a pagar más de mil millones de pesos.
El Tribunal sentenció que la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría, así como la insistencia en la perduración del mismo, “fueron decisiones adoptadas con ligereza, falta de diligencia y sin cumplir con los estándares requeridos para la intervención de las autoridades enjuiciadoras de los servidores públicos, especialmente el de la “real malicia” y el principio de la inversión de la carga de la prueba”.
Al conocer la decisión, la Contraloría apeló y ahora la última palabra está en manos del Consejo de Estado, en cabeza del magistrado William Barrera Muñoz.
La definición del caso no ha estado exenta de controversia. Barrera presentó impedimento alegando que en noviembre de 2023 fue posesionado por el propio Fernández, cuando este ejercía como secretario jurídico de la Casa de Nariño. Además, uno de sus magistrados auxiliares está casado con una funcionaria que mantiene relación laboral con Fernández. No obstante, la Sala Plena de la corporación rechazó el impedimento al considerar que no se acreditaba un interés personal o beneficio que comprometiera la imparcialidad del consejero.
Con esta decisión, el caso entra en su fase definitiva. El Consejo de Estado deberá establecer si ratifica la condena contra la Contraloría y le reconoce a Fernández una compensación millonaria por los años en los que cargó con un proceso fiscal que terminó archivado a su favor.
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