En medio de la discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que se llevó toda la atención a finales de la semana pasada, había un tercero de por medio: el fiscal Daniel Hernández, a quien el mandatario señaló de ser un “beneficiador” del Clan del Golfo.
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Su señalamiento se debía a que un artículo periodístico indicaba que el fiscal Hernández no había impedido 200 homicidios perpetrados por integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Magdalena. Según el informe, durante más de tres años Hernández recibió “reiteradas alertas e informaciones policiales urgentes” sobre los crímenes. Sin embargo, “permitió que se cometieran y enseguida comenzó a proteger a los 14 asesinos principales”.
Pues bien, la Fiscalía, que durante estos días ha venido aclarando la situación, volvió a reiterar, este miércoles que “es falso” que se hayan cometido 200 homicidios, cifra que el presidente ha usado como argumento en varios reclamos al ente investigador.
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La vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, aseguró este miércoles en rueda de prensa que “es falso que dentro de la investigación se hayan producido 200 asesinatos, no es cierto”.
La funcionaria, que tomó la vocería del ente acusador por la ausencia del fiscal Barbosa –quien se encuentra fuera del país–, explicó que la investigación surgió en 2008 por una fuente no formal que “no declara la información para que se pueda señalar responsables, sino que entrega información para orientar la investigación de unas personas que estaban dedicadas a la extorsión”.
“Se inicia la investigación con la práctica que es usual cuando estamos al frente de una organización al margen de la ley: intervenir celulares bajo la óptica de la legalidad”, agregó la vicefiscal.
Desde 2008 y hasta 2010 se designaron entonces analistas de escucha a esas comunicaciones, registrando la última en marzo de 2010.
“De 2010 a 2020, no hubo una sola interceptación en Colombia sobre ese caso en concreto”, aclaró la vicefiscal para recordar que solo hasta ese año (2020) el fiscal Hernández asumió dicha investigación.
“En 2020, el mismo investigador analista de las comunicaciones se acerca al fiscal Daniel Hernández para indicarle dos cosas: que dentro de la investigación había suficiencia probatoria contra una organización criminal. Y dos, que los cinco fiscales antecesores no habían tomado decisiones con las pruebas que él creía que tenían dentro del proceso”.
“La pregunta que nos hacemos es cuál era la política de los fiscales generales y los directores del CTI”, dijo la vicefiscal.
Cuando el fiscal Hernández asumió la investigación, pidió que se reescucharan las investigaciones para hallar alguna información que fuera relevante.
Sin embargo, la vicefiscal contó que el 25 en agosto de 2021, el investigador que reescuchó las interceptaciones, solicitó su traslado a otra dependencia por motivos personales “y a partir de esa fecha se le enviaron al fiscal de conocimiento, es decir a Daniel (Hernández), unos chats donde reportaban el homicidio de varias personas, que al ser revisados son 21, pero de 2020 y 2021, no de 2008 y 2010”.
“Si los cinco fiscales que tuvieron este caso y si el fiscal actual ha infringido la ley, como lo dice el Código Penal, se les iniciará la investigación pero con hechos concretos, bien sea por prevaricato por acción o fraude”, agregó la vicefiscal quien concluyó que la investigación entre 2008 y 2010 no se ha cerrado.
Lo reiterado este miércoles por la vicefiscal general va en línea con lo dicho por el fiscal Daniel Hernández, quien había advertido hace unos días que no existieron los 200 asesinatos atribuidos al Clan del Golfo en Magdalena y de los cuales lo señalaban de tener conocimiento.
La Fiscalía también había aclarado en un comunicado del pasado 5 de mayo que los homicidios “reportados por el investigador al chat del fiscal Hernández no hacen parte de las investigaciones” que se adelantaban entre 2008 y 2010.
