El exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro aseguró que es víctima de un montaje y calumnias por parte de los otros implicados.
El próximo jueves 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá definirá si impone o no medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sobre esta decisión se pronunció la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que de confirmarse los requisitos legales y constitucionales, la Fiscalía solicitará una circular roja para su captura.
“Si se encontrara que están satisfechos los fines constitucionales, nosotros tendríamos que solicitar una circular roja para su captura. Nosotros lo estamos ubicando. Y yo sigo con la esperanza de que él se presente, de que no tengamos que emitir una circular roja para hacer efectiva esta captura”, señaló la jefa del ente investigador.
González no compareció a la audiencia de imputación de cargos y actualmente su paradero es incierto. La Fiscalía lo acusa de haber hecho parte de una estructura criminal que habría direccionado millonarios contratos desde la UNGRD durante el actual gobierno.
Se le acusa de, presuntamente, haber utilizado su posición e influencia política para facilitar la entrega de sobornos a congresistas, a cambio de apoyo legislativo al Gobierno nacional. La Fiscalía lo señala como uno de los articuladores de una red ilegal que desvió recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país.
Al respecto, para pedir que sea enviado a prisión, la Fiscalía señala que Carlos Ramón habría utilizado su influencia política de más de 30 años para consolidar una estructura criminal que habría comprado la gobernabilidad en el Congreso, a través de dineros desviados de contratos destinados a la atención de emergencias naturales.
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“Carlos Ramón actuó con dolo directo, en la medida en que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted, Carlos Ramón, sabía que ofrecía a Name y Calle contratos y luego dinero en efectivo, y que, a cambio de esto, apoyarían los intereses del Gobierno. Determinaba al entonces director de la UNGRD al ordenarle, contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de la coima”, afirmó la fiscal del caso.
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