En el entramado de corrupción que se investiga por el desvío de recursos de la UNGRD, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, el nombre de Pedro José Castro Espinoza aparece en uno de los puntos centrales de la supuesta ruta que, según la investigación judicial, siguió el dinero utilizado para los pagos que habrían recibido los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Según la versión entregada por el exsubdirector de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, y recogida en las distintas actuaciones judiciales de caso, Castro Espinoza fue quien le facilitó un préstamo de $4.000 millones en efectivo, que fueron entregados supuestamente en Bogotá.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, y con lo consignado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, de ese monto habrían salido los $3.000 millones que habrían terminado en manos de Name, a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nova, y otros $1.000 millones que, según la investigación, fueron entregados al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, trasladado hace poco del Centro de Estudios Superiores de la Policía hacia la cárcel La Picota.
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La participación de Castro Espinoza ha sido objeto de especial atención dentro de los procesos contra los expresidentes del Congreso y Sandra Ortiz porque su declaración, juramentada ante la Corte el 21 de enero de 2025, es utilizada para reconstruir el origen y la entrega de los $4.000 millones.
EL COLOMBIANO conoció una denuncia penal radicada ante la Fiscalía contra Pedro Castro, que pone en dudas su testimonio ante la Corte. La querella no avanza en esa entidad pese a ser radicada hace varios meses.
Primero hay que contar el contexto de lo declarado por Castro ante la Corte Suprema, alto tribunal que desde el 23 de agosto de 2024, a través de un oficio, compulsó copias a la Fiscalía para investigar a Castro Espinoza por la posible comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer.
Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte, en el marco del proceso judicial contra los aforados excongresistas Calle y Name, Castro expuso detalladamente las condiciones del préstamo a Sneyder Pinilla y el origen del dinero en efectivo.
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Castro afirmó bajo juramento no ser un prestamista profesional sino un “negociante”, y calificó la transacción como un “crédito puente” o una oportunidad de negocio temporal a tres meses cuando supuestamente Sneyder Pinilla le solicitó inicialmente 4.000 millones de pesos, Castro le exigió un interés inicial del 3% mensual, pero cerraron la negociación en un 2,3% mensual por propuesta de Pinilla.
En sus palabras, a última hora Pinilla le pidió 30 millones de pesos adicionales para pagar una “comisión” para situar mil millones en Montería.
Según Castro, Pinilla acudió al apartamento del prestamista en Bogotá y recibió 1.500 millones de pesos en un maletín deportivo de nylon. En ese momento, dice, Pinilla firmó un pagaré por la suma total de 4.000 millones de pesos.
Fue el 13 de octubre de 2023, a las 4:00 p.m.), que según Castro se encontraron en el parqueadero de Plaza España, a una cuadra del antiguo Bronx, zona de tolerancia de la capital, donde Castro le entregó 1.450 millones de pesos en otro maletín deportivo.
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Por un descuido de Castro en el conteo, dijo bajo juramento en la Corte, faltaron 50 millones, los cuales según él fueron entregados ese mismo día, a las 7:30 p.m, en el centro comercial Unicentro (Edificio Epicentro / zona de divisas), donde Castro le entregó en una bolsa negra de basura los 1.080 millones de pesos restantes (los 50 millones faltantes, los 1.000 millones para completar los 4.000 millones y los 30 millones de la comisión).
Castro sostuvo que los 4.000 millones de pesos en efectivo se compusieron de dos fuentes: 2.800 millones de pesos prestados, supuestamente, a Castro por su amigo “Hernando Ramírez, un agricultor y ganadero de Roldanillo (Norte del Valle del Cauca), a una tasa de interés del 1% mensual”.
Este dinero en efectivo fue entregado en julio de 2023 en Roldanillo a la cuñada de Castro, Esperanza Barandica Escarria, quien lo transportó por vía terrestre a Bogotá en una maleta de 30 kilos sin saber que contenía esa suma. Y que los 1.200 millones de pesos adicionales fueron de sus recursos propios que Castro conservaba en su vivienda.
Ante el cuestionamiento del despacho sobre por qué mantenía miles de millones de pesos en billetes en su casa, Castro dio las siguientes explicaciones bajo gravedad de juramento de que estaba embargado por los banco.
“El embargo era por trece mil millones de pesos. Cualquier peso que yo metiera al banco se me esfumaba”, explicó ante la justicia al añadir que las medidas habían sido ordenadas por la DIAN y la Secretaría de Hacienda de Bogotá por deudas de impuestos acumuladas desde 2016.
Afirmó que ese efectivo (1.200 millones de pesos) que tenía en su casa estaba reservado para remodelar el Hotel Augusta (propiedad de su sociedad familiar AAJJ Castro en la Av. Jiménez con Cra. 4, en Bogotá) o comprar la cuota parte que sobre el inmueble tenía el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Sin embargo, dijo que supuestamente como a finales de agosto de 2023 apareció un comprador para el hotel, consideró que ese dinero le quedaba en “liquidez ociosa” durante tres meses, decidiendo prestárselo a Pinilla para ganarse el margen de intermediación entre el 1% que le debía a Ramírez y el 2,3% que le cobró a Pinilla.
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El caso de Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD avanza hacia la etapa de juicio, luego de que la justicia negara las solicitudes de nulidad y preclusión presentadas por su defensa. Su defensa pidió que sean citados a testificar 56 personas, entre los que figuran Olmedo López, Carlos Ramón González y los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.
La Fiscalía la acusa de tráfico de influencias y lavado de activos y sostiene que habría actuado como intermediaria en el traslado de $3.000 millones que, según la investigación, estaban destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Por su parte, Iván Name y Andrés Calle, quienes eran congresistas cuando ocurrieron los hechos investigados, tienen procesos en la Corte Suprema de Justicia por su condición de aforados.
La investigación busca establecer su presunta participación en el esquema de pagos relacionado con la UNGRD: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, de acuerdo con los señalamientos conocidos en el proceso, a cambio de supuestamente favorecer las iniciativas del Gobierno en el Congreso.
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Paso a paso la denuncia por falso testimonio contra Pedro Castro
El 19 de mayo de 2026, el abogado Juan Mauricio Camacho Fernández, apoderado de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nova, radicó una denuncia contra Pedro Castro.
Camacho Fernández radicó la querella por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, al aportar las certificaciones oficiales de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda de Bogotá que demuestran, para esa defensa, que Castro no registraba embargos en 2023 y que mintió bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia para justificar la procedencia del efectivo.
Las acciones judiciales señalan a Pedro José Castro y cuestionan también las actuaciones y versiones de algunos de los principales testigos del caso, a partir de posibles conductas relacionadas con los delitos de falso testimonio y fraude procesal.
En los documentos obtenidos por este diario, con sus anexos, el abogado Camacho Fernández desmontó metodológicamente la versión de Pedro José Castro Espinoza a través de una reconstrucción probatoria basada en certificaciones oficiales de entidades públicas y del sistema financiero.
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Durante su declaración juramentada del 21 de enero de 2025 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Castro sostuvo que le prestó 4.000 millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla para octubre de 2023.
Al ser cuestionado sobre por qué mantenía semejante suma de dinero en su vivienda, Castro afirmó bajo juramento que “estaba imposibilitado para usar el sistema bancario porque tenía sus cuentas embargadas por más de 13.000 millones de pesos” por deudas de impuestos con la “DIAN y la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá”, acumuladas desde 2016.
Entonces, la División de Cobranzas de la Seccional de Impuestos de Bogotá de la DIAN, como consta en los documentos, emitió un documento oficial en el que confirmó que, tras verificar sus servicios informáticos electrónicos, el contribuyente Pedro José Castro Espinoza “no presentaba para el año 2023 ninguna medida cautelar de embargo” sobre sus productos financieros por obligaciones tributarias.
Por otro lado, en cumplimiento de órdenes del Juzgado 33 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, la Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano de la Secretaría de Hacienda certificó que, revisadas sus bases de datos, Castro tampoco registraba embargos sobre sus cuentas bancarias por deudas de impuestos distritales durante el año 2023.
Entonces, mediante requerimientos al sistema financiero y a centrales de riesgo (BBVA, Banco Pichincha, Davivienda, Coltefinanciera, Banco Popular, TransUnion/CIFIN), la defensa probó que para octubre de 2023 Castro “sí contaba con múltiples cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito totalmente vigentes y activas”.
Con los certificados oficiales en mano, el abogado Camacho Fernández radicó la denuncia penal contra Castro porque “engañó e indujo en error a la Corte Suprema de Justicia para justificar la tenencia del dinero en efectivo, configurando los delitos de Falso Testimonio y fraude procesal”.
EL COLOMBIANO, que intentó contactar a Pedro Castro, pero hasta el momento no ha contestado, también conoció el paso a paso de la investigación que no avanza en el ente acusador.
La Fiscalía 9 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una vez recibió la compulsa de copias contra Pedro Castro, solicitó la asignación de un expediente independiente a los ya creados en el caso UNGRD,
El 27 de enero de 2025, ese despacho emitió una orden de fiscal para remitir las diligencias por competencia a la Delegada para las Finanzas Criminales. El caso fue finalmente acumulado por conexidad dentro de otra noticia criminal radicada en la Fiscalía 26 Especializada de la Dirección de Lavado de Activos del ente acusador.
Sin embargo, el expediente sufrió un estancamiento debido a que la fiscal titular, Marisella Rincón Galindo, fue reubicada de su cargo el 2 de septiembre de 2025. El despacho permaneció sin titular hasta el 22 de enero de 2026, fecha en la que el fiscal Saagia Felaifel Klinger Martínez asumió la dependencia y la carga de los procesos asignados.
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Atendiendo una solicitud presentada el 5 de marzo de 2026 (y trasladada al despacho el 7 de abril) por el abogado Juan Camacho, apoderado de Sandra Ortiz, la Fiscalía confirmó que el expediente se encuentra formalmente en etapa de indagación y con orden a policía judicial en ejecución.
Pedro Castro, ante la Corte, detalló su hoja de vida. Se graduó como arquitecto de la Universidad del Valle y de la Universidad Javeriana en 1976 y obtuvo una maestría en Administración Pública (MPA) en la Universidad de Harvard, en 1982.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector inmobiliario. Ante preguntas de magistrados y del procurador, se definió como “negociante” y “gestor de proyectos inmobiliarios”, y rechazó el calificativo de prestamista.
Explicó que su actividad económica se basa “en estructurar, promover, construir o adquirir inmuebles, obtener rentas mediante su arrendamiento y posteriormente venderlos para reinvertir”.
Entre sus principales actividades, relató, está la sociedad familiar AAJJ Castro, conformada con sus cuatro hijos, y la inversión en el Hotel Augusta de Bogotá, del que llegó a controlar el 83 % de los derechos fiduciarios.
También ha participado en proyectos inmobiliarios en Cali y Yumbo y trabajó con firmas como Holguines Asociados, Pedro Gómez e Inversiones Santa Ana.
En el sector público ocupó cargos regionales en el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares y el ISS, y tuvo una trayectoria política que incluyó ser senador suplente de Luis Fernando Londoño Capurro, aunque no llegó a ejercer el cargo y su elección fue revocada en 1992.
Posteriormente fue gerente de la campaña de Apolinar Salcedo a la Alcaldía de Cali y, entre 2004 y 2006, se desempeñó como asesor de enlace entre el municipio y la Nación.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Quién es Pedro José Castro Espinoza en el caso de corrupción de la UNGRD?
- Pedro José Castro Espinoza aparece en la investigación como la persona que, según la versión de Sneyder Pinilla, le facilitó un préstamo de $4.000 millones en efectivo, dinero que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría terminado destinado a pagos relacionados con Iván Name y Andrés Calle.
- ¿Cuánto dinero habría prestado Pedro Castro a Sneyder Pinilla?
- Según la declaración juramentada de Castro ante la Corte Suprema, le prestó $4.000 millones en efectivo. La Fiscalía y la Corte han utilizado su testimonio para reconstruir el supuesto origen del dinero relacionado con los pagos investigados en el caso UNGRD.
- ¿De dónde salieron los $4.000 millones que Pedro Castro dijo haberle prestado a Sneyder Pinilla?
- Castro declaró que $2.800 millones provenían de un préstamo que supuestamente le hizo su amigo Hernando Ramírez, agricultor y ganadero de Roldanillo, y que los $1.200 millones restantes correspondían a recursos propios que mantenía en efectivo en su vivienda.
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