Circuló en redes sociales una foto de cuatro estudiantes, con el uniforme lo más impecable posible y las maletas apiladas al frente de la canoa, mientras remaban por el río Naya en límites del Cauca y el Valle del Cauca.
Los funcionarios de la Defensoría, quienes las retrataron, contaron que aquellas niñas deben pasar una travesía de tres horas para tomar sus clases.
Para la representante a la cámara, Juanita Goebertus, esa es la imagen perfecta para explicar la pertinencia del proyecto de ley que radicó en septiembre de 2018 y que busca flexiblizar la prestación del servicio del transporte escolar rural, la misma iniciativa que de no anunciarse hoy en la comisión sexta para votación en tercer debate mañana, acabará hundiéndose.
En términos prácticos el proyecto pretende que de forma regulada y segura, los estudiantes en zonas apartadas puedan emplear tanto vehículos motores (lanchas, escaleras) como no motores (bicicletas, burros, pangas), para llegar las instituciones educativas sin tener que hacer recorridos a pie que duran horas o incurrir en un alto esfuerzo físico que además pone en riesgo sus vidas, como las niñas del Naya.
Para ello se propone que exista una póliza y garantía jurídica que le permita a los alcaldes contratar estos tipos de transporte con prestadores de la zona que puedan cumplir con las normativas de seguridad para los niños (chalecos salvavidas, cascos, etc).
“Si pueden contratar a quienes en la comunidad presten el servicio, le reconocen el pago a esta persona que los transporte, hacemos más que negarnos a la realidad de que estos transportes son la única posibilidad que tienen de llegar a los colegios”, dice la representa en diálogo con este medio.
Sin embargo, aunque los integrantes de la comisión sexta han valorado positivamente el proyecto, es probable que al final se hunda, en gran medida, dice Goebertus, por la oposición del Gobierno.
Precisamente el Gobierno emitió el decreto 746 del 28 de mayo del 2020 con el que crea zonas diferenciales para regular el transporte no convencional de acuerdo a las características de los territorios.
El documento contempla que los alcaldes soliciten a Mintransporte la acreditación de las condiciones diferenciales de ciertas zonas que requieran uso de transporte no convencional.
“Una de las grandes apuestas del presidente Iván Duque es garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes. Gracias a este Decreto se mejoran las condiciones de acceso para la población que, debido a las largas distancias entre su hogar y la escuela, o la dificultad del transporte, se encuentra por fuera del sistema educativo”, refirió la ministra de Educación, María Victoria Angulo.
Sin embargo, en la revisión del decreto, no queda claro el tema de las pólizas, lo cual dejaría a los alcaldes en la misma imposibilidad de realizar contratos con respaldo jurídico, aspecto que, precisamente, había solicitado el senado en el primer debate y que había sido incluido en la iniciativa.
Tampoco se refiere concretamente al empleo de medios de transporte como burros, que sigue siendo el único recurso en muchos lugares.
En cuanto al proyecto de ley espera por ser anunciado hoy, ir a votación mañana y, aún pendiendo de un hilo, llegar a votación en plenaria la próxima semana.
De no ser así, la representante asegura que volverá a radicarlo para el siguiente periodo legislativo.
