No solo no hay un proceso legal abierto contra Thomas Greg and Sons por presunto fraude; sino que varios exregistradores insisten en que la contratación constante de la firma para procesos electorales y de expedición de documentos no se debe a una “rosca”, sino a que es la única empresa que cumple con los requisitos para desarrollar tales funciones. Sin embargo, eso no ha impedido que el presidente Gustavo Petro los señale como artífices de irregularidades.
Cabe resaltar que, a pesar de las dudas del mandatario, él mismo ha ganado dos elecciones en las que la firma Thomas Greg and Sons ha estado involucrada: fue elegido alcalde de Bogotá para el periodo 2012-2015 con más de 720.000 votos y fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, tras imponerse en segunda vuelta con más de 11,2 millones de votos.
Curiosamente, sus primeras críticas a la firma y los procesos electorales en los que ha estado involucrada fueron en las elecciones presidenciales de 2010, en las que Petro ocupó el cuarto lugar. En ese entonces, señaló que Juan Manuel Santos había integrado la junta directiva de la empresa entre septiembre de 2002 y julio de 2006, insinuando un posible conflicto de intereses.
¿Monopolio?
Una de las principales quejas del jefe de Estado está relacionada con el hecho de que la empresa siempre gane los contratos con el Estado. Hay que decirlo, incluso la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló en su momento que la repetida contratación de los mismos proveedores, agrupados en distintas uniones temporales, limitaba la competencia y reducía la pluralidad.
Y es que desde 2011 hasta 2022, según la MOE, hubo una disminución de empresas que ofrecían diversos servicios para el desarrollo de diferentes procesos electorales en el país: de 10 firmas a las que se les adjudicaron contratos en 2011 se pasó a cuatro para las elecciones de 2022. En el mismo informe que data estas cifras, la MOE hizo énfasis en que incluso otras empresas que prestan este mismo tipo de servicio han señalado que no son tenidas en cuenta.
Estas firmas le pidieron a la Registraduría ser consideradas durante el proceso de selección “para promover un escenario de competencia y una masiva y plural participación de oferentes, era necesaria la presentación de ofertas parciales”.
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La MOE aseguró que estas peticiones no fueron tenidas en cuenta, sino que, por el contrario, “se presentó un solo proponente a través de la figura de unión temporal, de la cual además hacen parte 11 empresas conformadas mayoritariamente por las que por años se han ganado los contratos de la logística electoral, entre estas: Thomas Greg & Sons Limited, Thomas Greg and Sons de Colombia SA, Thomas Processing & Systems SAS, Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia SA, Manejo Técnico de Información SA. Securid SAS. Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia SA, entre otras”.
Es importante recalcar que la MOE no cuestionó la idoneidad de las firmas y las agrupaciones temporales que realizan, sino la falta de libre competencia. El organismo de veeduría electoral también fue enfático en que no encontró irregularidades en los procesos electorales que se llevaron a cabo bajo los servicios de Thomas Greg and Sons y demás firmas asociadas.
”Se trata de una empresa que concentra peligrosamente los datos en general de los colombianos ”: Falso.
Aquella información, a priori, es falsa. Una de las condiciones que se mantiene en los diferentes contratos del Estado con la firma, que se encuentra en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), es que si bien la firma tiene acceso a nombres, cédulas y lugares de votación para generar el portal de Infovotantes, no puede quedarse con esta información tras las elecciones y no tiene el poder de modificar los datos.
Incumplir con esta cláusula sería un delito, por lo que las acusaciones del presidente Gustavo Petro, sin pruebas concretas, son un tema delicado que no debería mencionarse a la ligera.
Lo que dictó el Consejo de Estado
En el mismo tuit del 6 de julio, el presidente Petro aseguró que, en cuanto al manejo inadecuado de datos: “Una sentencia de sala plena del Consejo de Estado, así lo afirmó y ordenó cambio de software. El cambio de software ha sido muy confuso. Thomas and Gregg de mano del exregistrador Vega, mantiene su poder dentro de la registraduría”. Este es un tema mucho más complejo.
Entérese: Petro habla de “fraude monumental” en elecciones y acusa a Thomas Greg & Sons de tener las bases de datos de los electores.
El cambio de software y la sentencia del Consejo se remite a 2018, con relación a las elecciones de 2014, cuando el organismo le devolvió tres curules en el Congreso al partido Mira por irregularidades en el manejo del software electoral que causó el sabotaje de 1.412 mesas. Lo que sucedió es que Thomas Greg and Sons estuvo involucrado en el preconteo, que resultó bastante distante del escrutinio final, que se demora mucho más tiempo y está a cargo del Estado.
Debido a eso, el Consejo recomendó que el software quedara en manos únicamente del Estado. Según la MOE, para las elecciones de 2022 y 2023, “no se garantizó que el software de escrutinios fuera propiedad del Estado”. Sin embargo, esta tarea es responsabilidad de la Registraduría, no de la firma.
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