Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
El ente acusador adelanta una investigación porque el exfuncionario estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones en febrero de 2024, las cuales revocaron las decisiones con las que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por cerca de medio billón de pesos.
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De esta manera, restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante, en este caso Thomas Greg and Sons. La audiencia de imputación relacionada con estos y otros hechos se realizará el próximo 10 de junio.
Hay que recordar que en marzo de 2024, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado denunció a Salazar Ramírez por falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
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El oficio, de diecinueve páginas, fue presentado por Jhon Jairo Camargo Motta, el director interino de la Agencia, ante el despacho de la fiscal general interina, Martha Janeth Mancera, y explica que el acto administrativo por el que en febrero se le otorgó la licitación de los pasaportes a Thomas Greg & Sons “puede ser constitutivo de delito”.
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Para el funcionario, Salazar pudo haber incurrido en los cuatro delitos denunciados al momento de favorecer a la empresa que actualmente elabora los pasaportes en el país, debido a que adjudicó unilateralmente el contrato a Thomas Greg sin tener las facultades para ello o la autorización del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, Salazar reconoció en su momento que no le consultó a nadie para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo”.
Y ante las declaraciones de Murillo de revertir la decisión, señalando que Salazar no tenía el poder ni las competencias para entregar el contrato y suspender la licitación, el funcionario no se retractó de sus actuaciones.
“Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber”. Así mismo, señaló que atravesaba “dificultades de índole personal” y que sentía “temor”.
Salazar aseguró además que su decisión salvó a la Nación de una demanda de 117.000 millones de pesos que estaba peleando Thomas Greg y que, con esta decisión, “debería quedar eliminada”.
La Agencia indica en la denuncia que Salazar presuntamente mintió en varias resoluciones con las que aseguró tener la tarea de entregar el negocio de los pasaportes, lo que sería falsedad ideológica y, a la vez, prevaricato por acción, pues los actos administrativos llegaron “con varias manifestaciones contrarias a la verdad”.
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“El secretario general Salazar Ramírez no solamente emitió un acto administrativo sin tener la competencia funcional para ello, puesto que no le había sido delegada por el titular de la misma (...), sino que, además, su contenido y el de los actos administrativos subsecuentes es manifiestamente contrario al derecho”, dice el documento.
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