Los ataques con explosivos lanzados desde drones que implementaron los grupos terroristas en Colombia están impulsando la industria de sistemas antidrones en el país, un negocio del que hace tres años nadie hablaba.
Esta es una de las conclusiones de varios expertos en la Feria Internacional de Seguridad, un evento al que asistió EL COLOMBIANO por invitación de Motorola Solutions. A diferencia de otros años, en la exhibición que finalizó el viernes pasado en Corferias, en Bogotá, aumentaron los stand de empresas dedicadas a ofrecer estos sistemas.
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La coyuntura no podría ser peor. Cerca de 400 ataques documentados desde finales de 2023 contra las tropas en el terreno, la población civil y las bases militares y policiales. Lo más preocupante es que ya se nota un perfeccionamiento de la técnica en el uso de drones por parte de los delincuentes, no solo en el mejoramiento de la puntería con el lanzamiento de granadas de mortero desde el dron, sino con la incorporación de cámaras térmicas para ejecutar ataques nocturnos.
En respuesta, las Fuerzas Militares han salido al mercado a buscar sistemas antidrones, lo que no solo dinamizó la importación de equipos desde el exterior, sino que empresas colombianas se involucraran en el desarrollo y distribución de esta clase de tecnologías.
“El tema bélico se está volviendo costumbre en el uso de drones en Colombia, por eso esto es una necesidad, ya no le pueden decir ‘no’ a los sistemas antidrones. Se necesitan para la protección de personalidades, caravanas, bases y eventos públicos. Para una persona es difícil defenderse de un ataque que viene del cielo”, expresó Alejandro Gómez, ingeniero de desarrollo de negocio en drones de la firma Galileo Instruments.
Los sistemas antidrones interfieren la señal de radiofrecuencia que les permite a los operadores maniobrar el dron. Con esa interferencia, el aparato aterriza de forma automática; algunos tienen la posibilidad de obligarlo a retornar a su punto de origen, y otros cuentan con la capacidad de alterar el GPS para que la máquina vaya en otra dirección.
En el país hay de dos clases: 1). Los de base fija o torre, que son estáticos y suelen ser empleados para la seguridad de las guarniciones militares o aeropuertos, y detectan drones a tres kilómetros a la redonda; 2). Los portátiles, compuestos de una mochila con antenas y un apuntador tipo pistola, diseñados para las avanzadas de la tropa en tierra.
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“Hace tres años la venta de antidrones estaba en cero por ciento, no se tenía ni siquiera en la imaginación. Ahora crecimos un 20% en intensiones de compra, la gente quiere saber qué hay en el mercado y cuánto cuesta”, dijo Gómez. Pero advirtió: “Lo más complejo se da con las adquisiciones, las compras son bajas por las regulaciones legales que hay en Colombia”.
En esto coincidió Elkin Sepúlveda, gerente de la firma Deinteko S.A.S., quien aseguró que su compañía lleva dos años en contacto con las FF. MM., haciendo pruebas en sitios de alta conflictividad, como el corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca), “pero aún no tenemos desplegada en alguna entidad este tipo de soluciones, porque como son procesos públicos, es muy demorada la contratación”.
Esto implica que mientras la contratación de esta clase de sistemas se ve ralentizada por la legislación actual, los terroristas aprovechan para ejecutar ataques cada vez más certeros. “En la mayoría de los ataques, las víctimas no siempre ven el tipo de dron que los está atacando, porque pueden volar a 3.000 metros de altura y ser indetectables, de ahí la importancia de implementar rápido estos sistemas”, aseveró Leonardo Sánchez, ingeniero de soporte de Sky Cope y Pyrgos Security.
El experto recalcó que más allá de la adquisición de los sistemas, es fundamental la capacitación de las tropas. “Cuando un soldado entiende cómo funcionan estas tecnologías, podrá sobrevivir más fácil en campos en los que lo único que lo protege es su conocimiento”. Relató que el Gobierno Nacional está haciendo pruebas con muchas empresas, incluyendo la suya, y “le vemos mucho interés en que hagamos una transferencia de conocimiento para que las tropas entienden cómo funcionan estos equipos. Porque ellos tienen algunos aparatos antidrones, pero no les sacan el máximo provecho. Ahí yo veo un vacío de conocimiento que genera vulnerabilidad en las fuerzas”.
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Otros expertos hablaron con este diario solicitando la reserva de identidad, por temor a perder contratos con el Estado. Se quejaron porque algunas entidades del Gobierno están descartando a las compañías locales para elegir sistemas extranjeros, “y cuando los traen al país se dan cuenta que no funcionan en la topografía y el clima que tenemos aquí”.
A su juicio, esto podría configurar un detrimento patrimonial, dado que invierten hasta 800.000 dólares en un equipo importado ($3’214.728.000) inservible en el terreno, cuando en Colombia podrían comprarlo por un valor diez veces inferior.
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