La decisión de la Procuraduría General de suspender tres meses al canciller Álvaro Leyva por el lío con el contrato de pasaportes podría atornillar a este polémico funcionario en el cargo, en lugar de provocar su salida. De hecho, el presidente Gustavo Petro usó esta suspensión como una excusa para reactivar la narrativa de “persecución” en su contra y seguir alimentando su confrontación pública con la procuradora Margarita Cabello.
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Meses atrás se venía rumorando en la Casa de Nariño la inminente salida de Leyva del cargo y cuando estalló el escándalo por el contrato para la elaboración de los pasaportes, Petro lo mantuvo para que enfrentara el lío que se había armado, tras declarar desierta la licitación, lo que provocó una demanda por $117.000 millones de la firma Thomas Greg & Sons, única oferente en el proceso.
Tras el anuncio de la suspensión del canciller, que incluye formulación de pliego de cargos, el presidente optó por cuestionar la medida disciplinaria y habló de supuestos intereses por afectar a su gobierno.
“Que nos van a suspender ministros aquí y allá, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, esa es la mentalidad de quienes no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular y democrático”, señaló Petro en referencia a la decisión de la Procuradora, desde Nariño.
Lo particular del caso es que el mandatario cambió su postura frente a su gabinete en tan solo 24 horas. Antes de salir en su defensa, el martes les había dado un jalón de orejas a sus ministros asegurando que “cada cual por su cuenta” hace su gestión, en medio del ruido que generó la fricción del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla, por la nueva reforma tributaria.
Frente a la inminente salida de Leyva del gabinete se ha insistido en que uno de los posibles candidatos a sucederlo sea el actual embajador de Colombia en Estados Unidos, el exgobernador del Chocó Luis Gilberto Murillo.
Sin embargo, Petro podría no dar el brazo a torcer frente a la procuradora Cabello. De entrada quedó claro que el mandatario refutará los delicados señalamientos de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que asegura que Leyva habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023, para la fabricación de los pasaportes, porque tomó la decisión “sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos”. De esa manera, según el ente de control, el suspendido canciller habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
Enfrentará proceso disciplinario
Sobre las medidas que tomó la Procuraduría contra el canciller, el docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de La Sabana, Vicente Benítez, explicó que “después de las investigaciones preliminares, el ente de control encontró que las pruebas son suficientes para iniciar un proceso disciplinario en el que el canciller podrá defenderse, y que eventualmente podría terminar con la sanción de destitución o la inhabilidad de Leyva, dependiendo de la falta”.
Al respecto, la procuradora Cabello detalló que la decisión de suspender al canciller se tomó para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, por lo que se decidió apartarlo provisionalmente de sus funciones “teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso de licitación de pasaportes”.
Con estas medidas quedaron en entredicho las afirmaciones del abogado Mauricio Dueñas, defensor del canciller, quien planteó que la Procuraduría no podía pronunciarse sobre la validez de las actuaciones del Ejecutivo y en particular frente a decisiones como la de suspender un proceso contractual, la declaratoria de desierta de una licitación o la urgencia manifiesta.
Ahora, más allá de la competencia, desde el petrismo –e incluso desde el propio cuerpo diplomático– se empezó a hablar de una supuesta persecución, ignorando que las decisiones de Leyva están poniendo en juego 117.000 millones de pesos que la compañía Thomas Greg & Sons ahora reclama, a través de una demanda, como compensación por la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación.
“Hoy es el canciller Álvaro Leyva, pero lo hemos advertido desde hace tiempo: hoy hay un riesgo democrático en Colombia por el secuestro de los entes de control a manos de la politiquería. Van es por el contradictor, la defensa de sus causas personales y los intereses de sus amigos, no por el bien común”, aseguró el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.
Por su parte el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, señaló a la procuradora Cabello de ser una “fanática del Centro Democrático” y cuestionó que “no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado (...) Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en que termina todo el proceso, no tenía que suspenderlo”, apuntó el congresista.
Para la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, la supuesta politización de la Procuraduría no niega la responsabilidad del canciller Leyva por frenar la licitación del contrato de pasaportes, por lo que planteó que “es increíble que la misma Cancillería le diera un puntaje de 1.000 puntos a Thomas & Greg y luego por un capricho, sin considerar las posibles consecuencias jurídicas, declararan desierta la licitación”.
Líderes políticos como Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo, incluso piden la renuncia del canciller Leyva por la investigación que adelanta el ente de control, pero lo cierto es que la decisión de apartar definitivamente al canciller del cargo recae únicamente en manos del presidente, que preferirá mantenerse firme en la confrontación con la procuradora Cabello.
